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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La Contraloría General de la República detectó graves falencias en la gestión de licencias médicas en el Servicio de Salud O’Higgins y el Hospital de Rengo. Ambos no recuperaron montos de licencias rechazadas o reducidas como exige la normativa, lo que implicó un incumplimiento de reglas establecidas. Se identificó un alto ausentismo de funcionarios con licencias prolongadas, generando un gasto de más de 1,4 mil millones de pesos.

La Contraloría General de la República (CGR) detectó graves falencias en la gestión y control de licencias médicas en el Servicio de Salud O’Higgins (SSO) y en el Hospital Ricardo Valenzuela Sáez de Rengo, en un informe oficial dado a conocer este jueves.

Según el documento, el órgano fiscalizador evidenció que ambos organismos no cumplieron con la normativa vigente para la recuperación de montos asociados a licencias médicas rechazadas o reducidas, lo que constituye un incumplimiento del reglamento establecido por la Subsecretaría de Redes Asistenciales.

En este sentido, Contraloría determinó que tanto el Servicio de Salud O’Higgins (SSO) como el hospital de Rengo no recuperaron recursos públicos que debían haberse reintegrado tras la detección de licencias médicas objetadas.

Por lo mismo, el informe obliga a ambas instituciones a remitir, en un plazo máximo de 60 días hábiles, documentación que acredite la recuperación de esos montos mediante el sistema de control correspondiente.

Además, se identificó un ausentismo prolongado de cientos de funcionarios: 48 trabajadores del SSO y 63 del Hospital de Rengo presentaron licencias médicas por 180 días o más.

Acciones administrativas y judiciales

Lo anterior, en formas continuas o discontinuas, lo que implicó un gasto total en remuneraciones y reemplazos que supera los 1,4 mil millones de pesos solo en la muestra revisada por el ente contralor.

Frente a estos hallazgos, el informe instruye a la Dirección del SSO a iniciar un procedimiento disciplinario para establecer responsabilidades administrativas, cuyo inicio debe ser informado a la Unidad de Seguimiento de la Fiscalía de Contraloría dentro de 15 días hábiles desde la recepción del informe.

También se remitieron antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, en caso de que correspondan acciones legales adicionales.