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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La Vicaría de la Solidaridad desmiente tajantemente la acusación del diario El Mercurio sobre colaborar en la fuga del exagente de la DINA, Armando Fernández Larios, tras el asesinato de Orlando Letelier. Fernández Larios, asociado a crímenes de lesa humanidad, está detenido en EE.UU. y su arresto reabre la posibilidad de una extradición a Chile. La Vicaría defiende su labor en la defensa de los derechos humanos y acusa a El Mercurio de tergiversar la historia al atribuirles protección a un agente represor. Fernández Larios negoció con el Departamento de Justicia de EE.UU.

La Vicaría de la Solidaridad salió al paso de una publicación de El Mercurio del pasado martes, en el que se asegura que dicha institución habría colaborado en la huida de Chile del exagente de la DINA, Armando Fernández Larios, tras el asesinato del ex canciller Orlando Letelier en Washington.

En su publicación, el diario afirma textualmente que Fernández Larios “huyó de Chile protegido por la Vicaría, la Nunciatura, la diplomacia norteamericana y un sector del Ejército adversario del general Manuel Contreras”. Una aseveración que fue calificada por la Vicaría como “absolutamente falsa”.

Desde la institución ligada históricamente a la defensa de los derechos humanos, fueron enfáticos en señalar que “no se trata de una interpretación discutible ni de un matiz histórico: es un error grave que tergiversa los hechos y daña la memoria de una institución cuya labor fue exactamente la contraria”.

Vínculos con la DINA y crímenes de lesa humanidad

Armando Fernández Larios fue oficial del Ejército e integrante de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el principal organismo represivo durante la dictadura. Su nombre está directamente asociado al asesinato de Orlando Letelier y de su secretaria Ronnie Moffitt, crimen cometido en 1976 en la capital estadounidense y considerado un acto de terrorismo de Estado.

Además, Fernández Larios ha sido vinculado a otros delitos de lesa humanidad, entre ellos los homicidios perpetrados por la llamada Caravana de la Muerte, particularmente en La Serena, hechos por los cuales fue requerido judicialmente en Chile por el ministro en visita Mario Carroza.

Actualmente, el exagente se encuentra detenido en Estados Unidos, figurando en una plataforma del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) bajo la categoría “lo peor de lo peor”, administrada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Su arresto se habría concretado en Fort Myers, Florida, reabriendo la discusión sobre una eventual extradición a Chile.

Vicaría acusa un intento por “invertir la historia”

En su declaración, la Vicaría de la Solidaridad fue clara en señalar que “no protegió, no encubrió ni facilitó la huida de Armando Fernández Larios”, subrayando que sostener lo contrario implica “invertir la historia”.

“La Vicaría fue creada para defender a las víctimas de la represión, documentar violaciones a los derechos humanos y presentar acciones judiciales contra los organismos represivos del Estado, incluida la DINA”, recordaron, destacando que su archivo y trabajo jurídico fueron claves para establecer responsabilidades y combatir la impunidad.

En esa línea, recalcaron que atribuirles un rol de protección hacia un agente represivo “no es un simple error, es una distorsión ética e histórica que confunde a la opinión pública y relativiza responsabilidades”, añadiendo que este tipo de afirmaciones “coloca en el mismo plano a víctimas y victimarios”.

Residencia en EE.UU. y acuerdo judicial

Cabe recordar que Fernández Larios residía en Marco Island, al norte de Florida, en una vivienda avaluada en cerca de un millón de dólares, inmueble que habría adquirido junto a su exesposa, Teresa Valiente.

El exagente de la DINA llegó a Estados Unidos portando información clave sobre crímenes cometidos durante la dictadura. Tras ser procesado en Washington por el asesinato de Letelier y Moffitt, negoció un acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, declarándose culpable como cómplice del homicidio a cambio de permanecer en ese país.

Aunque fue condenado a siete años de prisión, solo cumplió cinco meses en una cárcel federal antes de quedar en libertad, tras ser calificado como “buen colaborador” por el tribunal.