Una educación técnico profesional al servicio de la dignidad humana y del progreso nacional

En el debate público suele instalarse la idea de que cada administración debe fundar el país desde sus cimientos, como si el progreso no fuera una acumulación de aciertos. Sin embargo, existen asuntos donde la contingencia cede a favor de criterios de largo plazo. La recién aprobada actualización de la Estrategia Nacional de Educación y Formación Técnico Profesional es ejemplo de ello: un ejercicio de madurez política que entiende que la educación es un compromiso de Estado.

Desde su génesis en 2018, este instrumento ha transitado por distintas administraciones, depurando sus elementos centrales y reconociendo los avances previos. Esta actualización es un proceso de fortalecimiento que busca dotar de continuidad a un sector que es, por definición, el puente entre el talento, las capacidades humanas y las necesidades productivas del país.

Lo que hoy se pone sobre la mesa no es un programa rígido ni una receta inamovible, sino una hoja de ruta con la mirada puesta en el 2050. Esta proyección es vital si comprendemos que la educación técnica es un ecosistema que debe promover el bienestar, el desarrollo tecnológico y, fundamentalmente, las trayectorias de vida de las personas; más allá de la idea obsoleta de formar trabajadores para puestos específicos.

Uno de los aciertos más significativos de esta actualización tiene relación con la ampliación de quienes compusieron el Consejo Asesor de Formación Técnico Profesional. La incorporación de pymes y cooperativas –las principales generadoras de empleo en Chile–, además de las grandes corporaciones, junto con la voz directa de docentes y el levantamiento de las necesidades y aspiraciones de más de diez mil estudiantes, otorgaron a esta Estrategia un cable a tierra indispensable.

Esta nueva etapa se sostiene sobre ejes que responden a la complejidad y al dinamismo del mundo actual. El primero es una gobernanza articulada, que define responsabilidades claras entre agentes públicos y privados, sumando una descentralización efectiva que prioriza la pertinencia local, elemento que garantiza que la formación sea un motor de desarrollo sostenible para las comunidades.

En segundo lugar, se incorpora el concepto de “Aprendizajes para el Trabajo y la Vida”, superando la visión reduccionista del técnico y la técnica como personas ejecutoras de tareas. Hoy, el desafío es formar personas capaces de tomar decisiones en entornos volátiles, de innovar y de adaptarse a un cambio tecnológico sin pausa.

Para que este tránsito sea fluido, debemos garantizar condiciones básicas: infraestructura, equipamiento y, sobre todo, el desarrollo de una docencia que esté al día con las exigencias de la industria. Por eso, desde hoy nos proponemos ir más allá de la necesaria promoción de la la matrícula: debemos a la vez impulsar un avance cualitativo significativo en la experiencia de aprendizaje, tanto en salas de clases y talleres como en la formación dual y la alternancia.

El valor de este acuerdo reside en su capacidad de trascender gobiernos para que quien asuma tome estos lineamientos como propios, entendiendo que en la Formación Técnico Profesional se juega el desarrollo productivo y la movilidad social de millones de chilenos.

Esta Estrategia es un organismo vivo que debe revisarse cada cinco años, pero su esencia es innegociable: poner la educación técnica al servicio de la dignidad humana y del progreso nacional. En tiempos de fragmentación, este acuerdo nos recuerda que, cuando el objetivo es el bien común, Chile es capaz de pensar con altura de miras y elegir lo mejor para el país y sus estudiantes.