VER RESUMEN

Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La Bancada UDI exigió la renuncia "inmediata" del director de la Dirección General de Crédito Prendario (Dicrep), conocida como la "Tía Rica", tras la Contraloría detectar que 1.681 personas con antecedentes penales empeñaron bienes por más de $1.507 millones entre 2023 y 2024. Parlamentarios como Jorge Alessandri y Flor Weisse cuestionaron la falta de control de la entidad al no verificar datos y origen lícito de los bienes, advirtiendo que el Estado podría haber financiado actividades ilícitas como el robo de joyas.

El diputado de la Bancada UDI, exigieron la renuncia “inmediata” del director de la Dirección General de Crédito Prendario (Dicrep) -más conocida como la “Tía Rica”-, luego que la Contraloría General de la República detectara que entre los años 2023 y 2024 un total de 1.681 personas con antecedentes penales pudieron empeñar distintos bienes, por más de $1.507 millones.

En específico, se trata de los parlamentarios Jorge Alessandri, junto con la integrante de la comisión de Economía de la Cámara Baja, Flor Weisse, ambos de la mencionada banca.

Al respecto, junto con calificar como de la “máxima gravedad” lo revelado en la auditoría, ambos parlamentarios cuestionaron la falta de control por parte de la entidad, al no verificar los datos
personales de los usuarios ni tampoco
que la procedencia de las especies entregadas fuera lícita.

Piden responsabilidad política

Por lo mismo, los integrantes de la UDI advirtieron que lo anterior podría configurar que el Estado haya financiado actividades ilícitas, como el robo de joyas, por lo que exigieron al Gobierno ejercer “todas las responsabilidades administrativas que correspondan dada la gravedad del caso”.

“Lo que ha detectado la Contraloría General de la República es de la mayor gravedad, porque en otras palabras hubo casi 1.700 personas con antecedentes penales, a quienes el Estado les estuvo
financiando sus actividades ilícitas durante bastante tiempo
“, cuestionaron los parlamentarios.

Agregaron que, en otras palabras, “la ‘Tía Rica’ terminó funcionando como una agencia receptadora de artículos robados, que pagaba por todas esas especies y luego las remataba, al no ser reclamadas. Por lo tanto, el Gobierno tiene la obligación de exigir responsabilidades políticas”.

“Cuando el Estado, por acción u omisión, termina facilitando o financiando eventuales actividades
ilícitas, lo mínimo que corresponde es que se asuman las responsabilidades que correspondan. Por eso exigimos la renuncia inmediata del director de la ‘Tía Rica’, además de una revisión profunda de todos los procedimientos y protocolos de esta repartición“, finalizaron.