La Contraloría General de la República (CGR) comunicó este miércoles que detectó que, durante 2023 y 2024, la Dirección General de Crédito Prendario (Dicrep) -organismo popularmente conocido como “Tía Rica”- efectuó “un débil control” respecto de sus operaciones: 1.681 personas con antecedentes penales empeñaron bienes por más de $1.500 millones, sin que se verificara la procedencia de las especies.
La Dicrep se caracteriza por “no discriminar” mayormente a quienes acuden hasta sus dependencias a lo largo de todo Chile a empeñar joyas, relojes, electrodomésticos o artículos varios a cambio de dinero, ya que solo pide dos requisitos: ser mayor de 18 años y presentar la cédula de identidad.
Y justamente eso último ahora podría ahora estarle jugando en contra, ya que -en concreto- la Contraloría constató que gente con antecedentes penales empeñaron bienes “y también que existen personas que recurrieron al servicio hasta 230 veces en un año”.
Aludió -por tanto- a que la entidad podría estar recibiendo en prenda objetos o alhajas, en algunos casos, de dudosa procedencia.
La auditoría sobre los créditos con garantía prendaria otorgados a empeñantes, a su administración, custodia, liquidación, renovación y pago de excedentes por remates de prendas de pólizas vencidas, por parte de la unidad de crédito Casa Matriz –Sucursal San Pablo–, de la Dicrep en 2023 y 2024 detalló que, en 2023, hubo 4.769 usuarios con transacciones recurrentes, entre 10 y 229 operaciones por persona, por un total de $7.139 millones.
En 2024, la cifra subió a 4.895 usuarios, con operaciones que alcanzaron los $7.290 millones, y una frecuencia de hasta 230 empeños por persona.
“Además, se detectó que 1.681 personas con antecedentes penales realizaron operaciones por $1.507 millones y no recuperaron las especies empeñadas. Pese a ello, el servicio no presentó denuncias ni entregó antecedentes a las autoridades competentes”, dijo la Contraloría.
Falta de control y coordinación
La auditoría también evidenció “la ausencia de procedimientos básicos para verificar datos personales, la procedencia lícita de los bienes y la identidad de los usuarios”.
También se determinó que “no existe un sistema de alertas para operaciones reiteradas ni coordinación con organismos policiales, aun cuando las especies empeñadas incluyen características útiles para investigaciones, como número de serie, modelo y estado”.
Ante estos hechos, la Contraloría instruirá un procedimiento disciplinario para determinar responsabilidades administrativas y remitió el informe al Ministerio Público.
Por último, ordenó a la Dicrep “fortalecer sus controles, lo que será revisado en un próximo seguimiento”.
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