Por su magnitud económica y su impacto geopolítico, el Acuerdo UE–Mercosur constituye uno de los hitos más relevantes de la política comercial contemporánea.
La creación de una zona económica que abarcaría a más de 700 millones de consumidores representa un avance estratégico para ambas regiones, pero especialmente para la Unión Europea, que logra anticiparse a Estados Unidos y China en la consolidación de un marco de libre comercio con prácticamente toda América Latina.
En un escenario internacional marcado por tensiones comerciales, proteccionismo en EE.UU., retrocesos en el multilateralismo, este acuerdo emerge como una señal de compromiso con un comercio basado en reglas.
Para la UE, el acuerdo amplía el acceso al mercado de Mercosur para el conjunto de sus bienes y servicios, junto con fortalecer la protección jurídica de sus inversiones. La UE obtiene además acceso a materias primas esenciales, junto con un diálogo político institucionalizado que refuerza su presencia estratégica en la región.
Más allá de lo comercial, el acuerdo tiene un valor geopolítico decisivo: diversifica alianzas, reduce vulnerabilidades y proyecta influencia en un momento de ruptura en el orden económico global.
El proceso de aprobación, sin embargo, ha sido complejo. Francia, Austria, Polonia, Hungría e Irlanda se oponen al acuerdo, con objeciones vinculadas a estándares ambientales y agrícolas.
El acuerdo contempla salvaguardias estrictas, ingreso gradual de productos y exigencias regulatorias equivalentes a las europeas, de modo que es legítimo indagar cuánto de estas resistencias responden más bien a presiones proteccionistas. La ratificación enfrenta un obstáculo adicional: el Parlamento Europeo solicitó al Tribunal Europeo evaluar la legalidad del acuerdo, lo que podría retrasar su entrada en vigor hasta dos años.
Tras 25 años de negociación, con varias interrupciones, el Consejo de la UE aprobó en enero de 2026 la firma del Acuerdo de Asociación —que incluye libre comercio, cooperación y diálogo político— junto con un Acuerdo Comercial Interino (ATI) que podría aplicarse en tanto se apruebe en los parlamentos de Mercosur.
La aprobación plena requiere la aprobación en los parlamentos nacionales europeos y en el Parlamento Europeo. Sin embargo, la Comisión Europea enfrenta un dilema: activar provisionalmente el ATI podría interpretarse como un paso para evadir los controles democráticos, mientras que esperar la ratificación completa debilitará la credibilidad de la UE como socio político y comercial.
Para Mercosur, los beneficios son igualmente significativos. El acuerdo favorece la diversificación exportadora, la atracción de inversión extranjera y la cooperación en educación, C&T. Pero el impacto más profundo opera a nivel regional.
La UE, además del Caribe, ya tiene acuerdos con México, Panamá, R. Dominicana, América Central, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. La incorporación de Mercosur permitiría avanzar hacia una convergencia normativa regional sin precedentes. La gran mayoría de los países de la región tendría acuerdos comerciales con la UE con capítulos muy similares de servicios, inversiones, compras públicas, entre otros, temas no siempre considerados en los acuerdos intrarregionales.
El paso obvio sería aplicarnos entre nosotros las disciplinas que hemos comprometido con la UE. Ello sería un paso decisivo para avanzar a una efectiva integración regional, con libre movimiento de bienes, servicios, inversiones y personas y con disciplinas comunes, proceso que puede ser gradual, incluyendo excepciones. Para un mercado regional ampliado, la convergencia de disciplinas en comercio de bienes, servicios, inversiones y manejo de las controversias es más importante que reducir o eliminar aranceles.
Un paso adicional sería negociar la acumulación de origen entre todos los acuerdos de la región que se vinculan con la UE. Esto permitiría que cualquier país de la región con acuerdo con la UE pueda exportarle productos con insumos de cualquiera de los otros países de la región con el mismo acuerdo, sin perder los beneficios de la desgravación.
Esto sería un gran estímulo a la conformación de alianzas empresariales y cadenas de valor sudamericanas o euro latinas. El comercio intrarregional y las inversiones se verían beneficiados, en particular las pymes que tienen mayor presencia en ese comercio.
En momentos que EE.UU. agrede el multilateralismo y utiliza la política comercial como instrumento de presión, la UE enfrenta un desafío histórico. Debe decidir si cede ante presiones proteccionistas internas o si asume un rol más asertivo en defensa de un orden internacional basado en reglas.
La aprobación del acuerdo UE–Mercosur sería una señal clara de autonomía estratégica y de compromiso con un comercio abierto y predecible. Rechazarlo, en cambio, significaría un retroceso geopolítico y un regalo para Trump y las fuerzas nacionalistas que buscan debilitar la integración europea.
Osvaldo Rosales
Economista
Analista en Economía Global
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