La Contraloría General de La República echó por tierra un dictamen del Ministerio del Interior que prohibía a funcionarios de Carabineros ascender mientras estén procesados por la justicia.
Esto, al acoger este 5 de noviembre un reclamo presentado por el carabinero Carlos Leal Aqueveque, luego de que la División de Gestión y Modernización de las Policías de la Subsecretaría del Interior lo dejara fuera del proceso de ascenso por estimarlo “impedido” debido a dos causas penales que enfrenta desde 2017.
El órgano concluyó que se aplicó una inhabilidad que no existe en la legislación actual. Por eso, ordenó revisar el caso sin aplicar inhabilidades que la ley no contempla.
Lo complejo del caso, es que el carabinero se encuentra formalizado por diferentes delitos como torturas, apremios ilegítimos y detención ilegal, por los que el Ministerio Público solicita la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo.
Carabinero formalizado reclamó por ascenso denegado
Carlos Leal Aqueveque, el funcionario de Carabineros, reclamó ante la Contraloría luego de haber quedado fuera del proceso de promoción al grado superior, bajo el argumento de afectarle el impedimento contenido en el “artículo 29 del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1968, del Ministerio del Interior, Estatuto del Personal de Carabineros de Chile”, que prohíbe ascender a quienes estén “procesados”. Es decir, no lo promovieron por estar formalizado.
Según argumentó Interior, esa situación debía equipararse al antiguo concepto de “procesado”.
Sobre ese cruce de conceptos, advirtió la Contraloría General de la República. En un dictamen emitido a principios de noviembre, rechazó esa interpretación de Interior y recordó que, tras la reforma procesal penal, la figura de “procesado” ya no existe. Por lo tanto, no puede aplicarse a funcionarios actuales.
“Ni la formalización de la investigación ni el auto de apertura del juicio oral pueden estimarse equivalentes a tal resolución, careciendo esta Entidad de atribuciones para asimilar dichas figuras al concepto de ‘procesado’”, señaló el organismo, citando jurisprudencia previa (dictamen N° 74.747, de 2010).
La CGR también aclaró que las inhabilidades o prohibiciones para ascender son de derecho estricto, por lo que no pueden extenderse por analogía, incluso cuando existan causas penales graves en curso, como en este caso puntual del Carabinero.
La causa penal de fondo contra Leal Aqueveque
Los hechos se remontan a 2017 y, hasta hoy, Carlos Leal Aqueveque sigue en calidad de imputado, con firma quincenal, en dos causas por delitos graves que aún están abiertas.
En una de ellas, cuando se desempeñaba en la 21° Comisaría de Estación Central, terminó acusado por los delitos de torturas, apremios ilegítimos, detención ilegal y falsificación de instrumento público, tras participar en patrullajes en el barrio Meiggs junto a otros funcionarios.
Leal Aqueveque fue formalizado y Carabineros abrió un sumario interno que, en 2020, terminó con una sanción de tres días de arresto con servicios. A nivel penal, la causa sigue avanzando: hoy enfrenta acusaciones ante el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, donde el Ministerio Público solicitó 20 años de presidio.
El portazo de Contraloría a Interior
Ahora, la Contraloría acogió el reclamo del uniformado investigado e instruyó a la Subsecretaría del Interior revisar nuevamente su caso y aplicar solo las normas vigentes del régimen de ascensos de Carabineros. En el documento, aclaró además que no obliga a la autoridad a ascenderlo, pero sí a evaluarlo conforme a derecho.
El diputado Diego Schalper valoró la resolución de la Contraloría, asegurando que el criterio podría estar generando un perjuicio extendido dentro de las policías:
“Pero lo que ha hecho la Contraloría, es decir, que el hecho de estar formalizado no es impedimento para que una persona pueda ascender. Es extremadamente importante, tiene que ver con respetar el debido proceso y la presunción de inocencia”, señaló.
El parlamentario ofició al Ministerio de Seguridad, a Carabineros y la Policía de investigaciones “para que nos digan cuántas personas están en esa situación. Y al ministro Luis Cordero, para que nos diga qué van a hacer al respecto, si han acogido esta resolución y si han cambiado el criterio”, afirmó.
Consultado el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, dijo a BioBioChile que esta es una discusión jurídica que viene desde hace un tiempo:
“En general, las personas cuando están involucradas en este tipo de delitos, y bajo sumario, tiene efectos en la regulación de los ascensos, y lo que tenemos aquí es una regla del sistema antiguo”.
Pero Codero insistió en que “Los ascensos suponen mecanismos de promoción donde las hojas de vida son bien determinantes”.
Revisa el dictamen de la Contraloría:
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