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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La comisión revisora de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la Acusación Constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, por su participación en los chats con el abogado Luis Hermosilla. Tres parlamentarios votaron a favor y dos se abstuvieron, permitiendo que el libelo avance a la Sala. Ulloa ya había enfrentado un proceso en la Corte Suprema, donde se le investigó por filtraciones y falta de inhabilitación en causas.

La comisión revisora de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes la Acusación Constitucional (AC) contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, involucrado en el polémico caso de los chats con el abogado Luis Hermosilla.

De los cinco parlamentarios que integran la instancia, tres votaron a favor y dos se abstuvieron, permitiendo que el libelo avance a la Sala para su votación definitiva.

Entre quienes respaldaron la acusación figuran Alejandra Placencia (PC), Frank Sauerbaum (RN) y José Carlos Meza (Partido Republicano). En tanto, Gustavo Benavente y Hotuiti Teao, ambos de la bancada UDI, optaron por abstenerse.

El juez Ulloa ya había enfrentado un proceso ante la Corte Suprema, donde se le investigó por su presunta participación en filtraciones de información a Hermosilla sobre acuerdos y votaciones judiciales antes de ser públicos, así como por su eventual intervención en concursos de nombramientos y la falta de inhabilitación en causas con partes cercanas.

En esa oportunidad, la votación del máximo tribunal quedó empatada 7 a 7, lo que impidió su destitución y le permitió mantener su cargo en el Poder Judicial.

No obstante, los antecedentes reaparecieron en el marco de la Acusación Constitucional (AC) presentada por diputados, quienes argumentan que Ulloa habría incurrido en conductas impropias e incompatibles con el ejercicio de la magistratura, utilizando su relación con Hermosilla para fines personales.

Al respecto, el abogado defensor Domingo Hernández calificó el nuevo proceso como “improcedente”, señalando que la Corte Suprema ya evaluó los mismos hechos, por lo que no existiría base jurídica para insistir en su destitución mediante un juicio político.

Con la aprobación en comisión, la acusación pasará ahora a ser debatida y votada este miércoles por la Sala de la Cámara de Diputados. En caso de ser aprobada, continuará su trámite en el Senado, que actuará como jurado para resolver el futuro del cuestionado magistrado.