Los diputados de la Bancada UDI, Natalia Romero y Cristóbal Martínez, anunciaron el envío de un oficio a la Contraloría General de la República (CGR) y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) a raíz del gasto de más de $513 millones al interior de la Subsecretaría de Transportes (Subtrans).
Lo anterior luego de que se diera a conocer que en el marco de la implementación de la nueva Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte -más conocida como “Ley Uber”- el Gobierno tuvo que poner término anticipado a la compañía que había contratado vía trato directo para desarrollar el Registro de Empresas de Transporte (EAT); plataforma que debía alojar toda la información relacionada con los conductores, pasajeros y viajes.
Y es que luego de intentar dos licitaciones mediante Mercado Público, la Substrans optó por realizar un trato directo por 9.997 UF con Concordia Ediciones SpA en agosto de 2024 para el desarrollo de la plataforma mencionada, además de otras 2.999 UF, por lo que el trato terminó por costar más de $513 millones.
Diputados UDI exigen auditoría en Subsecretaría de Transportes por millonario gasto
Tal información fue revelada en un reportaje de Informe Especial. Ambos parlamentarios manifestaron su preocupación no sólo por los $513 millones que el Ejecutivo habría malgastado en el desarrollo de la plataforma digital, sino que también por los cerca de $800 millones (un 55% más del presupuesto original) que habrían destinado para contratar a una segunda empresa.
Por todo lo anterior, los diputados acordaron remitir los antecedentes a la Contraloría, solicitando abrir una investigación por el trato directo que realizó la Subsecretaría de Transportes y los montos involucrados.
Asimismo, solicitaron determinar las posibles responsabilidades administrativas que podrían existir, y verificar si el Gobierno ordenó alguna acción con el fin de recuperar parte de los millonarios recursos.
Romero y Martínez oficiarán también al CDE para que estudien la presentación de una querella por los eventuales delitos que podrían existir.
“En medio de todas las dudas que existen respecto del manejo de los recursos públicos por parte de la actual administración, hoy encima nos enteramos que más de $513 millones se habrían botado a la basura“, señalaron ambos legisladores.
“Estamos frente a un despilfarro millonario de recursos públicos, del cual el Ejecutivo no puede desentenderse, porque fueron ellos quienes contrataron vía trato directo a esta empresa y tenían la obligación de planificar y supervisar el desarrollo de esta plataforma, lo que aparentemente no hicieron“, continuaron.
En palabras de los parlamentarios, por eso remitirán la información a la CGR y al CDE, “porque aquí no sólo hay recursos públicos que se deben recuperar, sino que además hay posibles responsabilidades administrativas que deben ejercerse”.
En esa misma línea, los diputados advirtieron que los antecedentes conocidos hasta ahora “al menos dan para sospechar una eventual negligencia por parte de las autoridades”, aludiendo así a que la empresa contratada no había participado en ninguna de las dos licitaciones que se levantaron con anterioridad, y que además contrataron a funcionarios de una de las firmas que sí postuló, lo que a juicio de ambos legisladores “es poco transparente y bastante llamativo”.
Producto de lo anterior, además de las acciones fiscalizadoras que anunciaron, los representantes de la bancada UDI también solicitarán a la comisión de Obras Públicas y Transportes de la Cámara de Diputados que puedan citar con carácter de “urgente” al ministro de la cartera, Juan Carlos Muñoz, así como al subsecretario, Jorge Daza, para que proporcionen mayores antecedentes.
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