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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Alto funcionario de Contraloría confiesa a Fiscalía presiones en compra de casa de Salvador Allende, involucrando a jefe de gabinete de Isabel Allende. Caso se reaviva por intento de Gabriel Boric de adquirir propiedad. Diputados piden investigar a fondo. Abogada de Bienes Nacionales admite olvido de prohibición constitucional. Polémica crece con revelaciones sobre presiones para agilizar trámite en Contraloría.

Un alto funcionario de la Contraloría General de la República reveló a la Fiscalía que hubo “presiones” del jefe de gabinete de la exsenadora del Partido Socialista, Isabel Allende, para apurar la toma de razón en la compra venta de la casa del presidente Salvador Allende.

Se trata del inmueble de Guardia Vieja, caso que lapidó el futuro político de la ahora exparlamentaria y su sobrina, la -en ese entonces- ministra de Defensa, Maya Fernández, quienes por impedimento Constitucional no podían celebrar contratos con el Estado.

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Fue el intento del presidente Gabriel Boric por adquirir la casa de Salvador Allende, que abrió el bullado caso que sigue generando repercusiones e incomodidad a La Moneda.

Y es que ahora se supo que el actual jefe de la División de Función Pública de la Contraloría y exjefe de gabinete de Dorothy Pérez, confesara al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, que recibió presiones para agilizar el trámite en el ente fiscalizador.

Estas habrían provenido de Claudio Hurtado, jefe de gabinete de la destituida senadora Allende, mediante mensajes de WhatsApp y también por llamadas, lo que sería acompañado por respaldos de pantallazos en la investigación penal.

El diputado Juan Santana (PS) dijo que apoyarán cualquier investigación que lleven adelante las instituciones para dilucidar lo que realmente ocurrió.

Desde la oposición, para el diputado Jorge Alessandri (UDI) esto no se trata de un error, considerando que decenas de personas -incluido el Presidente de la República- se supone revisaron el documento.

Pero la polémica por la frustrada compra de la casa sumó un nuevo capítulo con la declaración de la abogada del Ministerio de Bienes Nacionales, Francisca Burgos, quien redactó el contrato de compraventa.

Ante la Fiscalía, la funcionaria reconoció que “olvidó que existía una prohibición constitucional” que impedía a autoridades en ejercicio -en este caso, la senadora Isabel Allende y la ministra Maya Fernández- celebrar contratos con el Estado.