Gobierno descarta daños graves tras ciberataque que afectó a Subsecretaría de Prevención del Delito

El ministro de Seguridad Pública (s), Rafael Collado, descartó una afectación importante a los servidores informáticos de la cartera, tras el ciberataque al interior de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

La seguridad digital del Estado volvió a quedar en entredicho. El Ministerio de Seguridad denunció un ataque informático que intentó vulnerar los sistemas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, hecho que obligó a activar protocolos de contingencia y puso bajo la lupa la protección de información sensible.

El episodio ocurrió la madrugada del 11 de septiembre, cuando funcionarios detectaron problemas de acceso a sus equipos y sistemas. Tras la alerta inicial, se confirmó que se trataba de un ataque externo que buscaba secuestrar información mediante un software malicioso del tipo “ransomware”, es decir, un tipo de programa que bloquea o secuestra los archivos de un sistema y luego exige un pago para liberarlos.

La denuncia fue presentada ante la Policía de Investigaciones, que ahora indaga para determinar el origen y alcance de la vulneración.

Sin embargo, el ministro subrogante de Seguridad, Rafael Collado, salió a aclarar que, pese a la denuncia y a la activación de protocolos de emergencia, “los equipos no fueron afectados”.

Para el exsubsecretario de Telecomunicaciones y abogado experto en ciberseguridad, Pedro Huichalaf, este ataque no necesariamente significa que la Subsecretaría de Prevención del Delito tiene una falla estructural en su seguridad.

Al respecto, explicó que este tipo de incidentes no suelen estar dirigidos específicamente a un organismo, sino que aprovechan vulnerabilidades de un software que usan tanto instituciones públicas como privadas.

Para la exsubsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, la principal preocupación no está en la afectación inmediata a los equipos, sino en la posibilidad de que un ataque de este tipo permita acceder a información especialmente sensible, como datos de Carabineros, la PDI, registros de delitos y antecedentes de municipios.

Cabe destacar que este episodio se suma a una serie de ciberataques que en los últimos años han golpeado a distintos organismos del Estado.

En 2022, el hackeo masivo al Estado Mayor Conjunto expuso miles de correos de Defensa; meses después, se detectó la filtración de correos del Ministerio de Justicia con datos sensibles de menores del Sename; y en 2023, más de 70 municipios vieron caídos sus portales web por un ataque coordinado.

Más recientemente, el Instituto de Salud Pública también sufrió una vulneración que paralizó parte de sus servicios.