El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, abordó esta mañana el caso de los funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) que fueron detenidos por presunto tráfico de drogas en el norte del país.
Los hechos ocurrieron cuando cinco uniformados de la Iª Brigada Aérea en Iquique intentaron trasladar sustancias ilícitas en un vuelo institucional desde dicha ciudad hasta Santiago.
En conversación con Radio Futuro, el secretario de Estado dijo respecto de las facultades del presidente, Gabriel Boric, para intervenir en criterios de la FAch, que aquello es algo que “eventualmente se va a abordar el día de hoy. Yo no puedo adelantar aquellos aspectos”.
Ministro Gajardo por caso de drogas en la FACh
Cabe recordar que el Ministerio Público interpuso una contienda de competencia ante la Corte de Apelaciones de Iquique tras el caso; acción que busca resolver la negativa de la Fiscalía de Aviación a entregar antecedentes sobre los cinco funcionarios detenidos.
Sobre ello, Gajardo expresó que no es primera vez que se genera controversia entre la justicia militar y la Fiscalía Nacional.
“Eso lo tienen que resolver los tribunales de justicia conforme a los criterios que se presenten en esa audiencia”, sostuvo.
“Actualmente ya se están investigando los distintos casos que han salido a la luz pública”, agregó, pues ya ocurrió un caso similar en la región de Tarapacá, donde siete funcionarios del Ejército fueron acusados de integrar una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, quienes quedaron en prisión preventiva.
“Nos parece que hay que ser muy cuidadosos con nuestras instituciones, sobre todo con las instituciones castrenses, porque no pueden ser objeto de ningún tipo de cooptación por parte de bandas criminales”, reflexionó el ministro de Justicia.
Cabe mencionar que la FACh no reveló el tipo de droga incautada ni detalles operativos sobre este nuevo caso.
En tanto, la Fiscalía Regional de Tarapacá advirtió que el uso de infraestructura estatal para fines delictivos agrava los hechos. Agregaron que esto comprometía la “probidad institucional y bienes jurídicos esenciales como la seguridad pública”.
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