"Abogado" no titulado revisó decretos que buscaban concretar compra de casa de Allende

El ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, aseguró que no hay nuevos antecedentes que desvirtúen las responsabilidades políticas que se han hecho valer en el marco de la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, luego de conocerse nuevos datos de la causa judicial que apuntan a que el proceso de revisión de los decretos fue realizado por un egresado de derecho que aún no era abogado.

Así lo reveló la jefa de la División Jurídico-Legislativa de la Segpres, Francisca Moya, en su declaración ante la Fiscalía, según publicó El Mercurio.

La abogada habría dado cuenta de que un asesor de 26 años, egresado de derecho, licenciado, pero sin título de abogado, llamado Lucas Vera, fue quien visó los decretos que abrieron la polémica por la fallida compra de la casa del expresidente Allende.

La documentación fue enviada a la Segpres e inicialmente sería revisada por un abogado, pero debido a carga laboral se le habría asignado a Vera.

Aun así, Moya declaró que ni ella ni su equipo fueron responsables de irregularidades, destacando que el decreto es legal y no constituye un contrato de compraventa.

Al respecto, el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, defendió la labor del Gobierno planteando que ya se han hecho valer las responsabilidades políticas.

No obstante, los antecedentes intensificaron los cuestionamientos al Ejecutivo. El exministro del Interior, Jorge Burgos, aseguró que “no se explica” lo sucedido.

Mientras tanto, la diputada del Frente Amplio, Lorena Fries, apeló por esperar el sumario que realiza el Gobierno.

En tanto, la comisión revisora de la acusación constitucional contra Maya Fernández ya vive su primera polémica.

El diputado RN, Jorge Durán, acusó trabas del oficialismo para realizar citaciones a la comisión.

En paralelo, la senadora socialista, Isabel Allende, abordó la renuncia de Maya Fernández, asegurando que las “cosas siempre se pueden hacer mejor”, en relación con la salida de la exautoridad.

Recordemos que el caso provocó la apertura de una causa penal por fraude al fisco que investiga el fiscal Patricio Cooper. Además, se sumaron acciones ante el Tribunal Constitucional en contra de la ministra Maya Fernández y la senadora Isabel Allende.