Tras la aprobación de la rebaja salarial del 31% para los profesionales de salud de la Municipalidad de Viña del Mar en julio pasado, la batalla en la Corte de Apelaciones de Valparaíso parece ser solo el calentamiento. En los pasillos del municipio se da por hecho que, sin importar el veredicto local, la disputa escalará inevitablemente a la Corte Suprema.
Todo comenzó a mediados de este año, cuando el Concejo Municipal presidido por Macarena Ripamonti determinó rebajar la escala de sueldos en Salud con el fin de paliar la crisis financiera de la corporación. Desde entonces, se libra una guerra judicial en tribunales que está lejos de acabar. Y es que la Corte de Apelaciones de Valparaíso está pronta a entregar su resolución, luego de que funcionarios de la Salud de Atención Primaria acudieran al tribunal de alzada porteño denunciando los hechos.
Y aunque en el municipio creen que el resultado será favorable para la alcaldía, tienen la claridad de que los trabajadores no se quedarán tranquilos con el fallo de la Corte de Apelaciones.
Es por esto, que para esta instancia que sería la definitiva, Ripamonti ha decidido abandonar las defensas de bajo perfil. El pasado 22 de diciembre, en la Notaría Fernández de Viña del Mar, se habría sellado un mandato que entrega la estrategia judicial de la Corporación Municipal al prestigioso estudio jurídico Fermandois.
“Entre compañeros”
Sin embargo, es precisamente la composición del estudio lo que ha encendido las críticas, ya que la defensa podría recaer en Andrés Vodanovic Escudero, quien es socio de la firma y, más relevante aún, hermano del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic.
La conexión no es menor: Ripamonti y Vodanovic no solo comparten la militancia en el Frente Amplio, sino que forjaron su alianza política en las filas de la extinta Revolución Democrática (RD), siendo hoy los dos puntales municipales más visibles del oficialismo.
Esta triangulación, donde la alcaldesa de Viña del Mar contrata al estudio del hermano de su aliado más cercano para defender una medida resistida por los trabajadores, ha levantado suspicacias en los sectores más críticos de la alcaldesa. Lo ven -aseguran fuentes consultadas por este medio- como un “blindaje entre compañeros” pagado con recursos públicos.
“Estricto apego a los recursos fiscales”
Desde la municipalidad de Viña del Mar confirmaron a Radio Bío Bío que la alcaldesa lleva días negociando con distintos estudios jurídicos y que “independiente del resultado de esta primera decisión judicial, el estudio Fermandois -reconocido por diversos rankings especializados- se incorporará al trabajo jurídico de manera coordinada con las Dirección Jurídica Municipal y de la Corporación”.
Explicaron que “la decisión se adopta con estricto apego al resguardo de los recursos fiscales y al deber de velar por el correcto funcionamiento institucional, para reforzar la postura que el municipio estima sólidamente fundada y permanentemente apegada a la veracidad de los hechos y al marco normativo vigente”.
Y que esta medida es “necesaria toda vez que la estrategia jurídica desplegada por algunos abogados que representan a ciertos funcionarios ha consistido en la presentación de imprecisiones y, en algunos casos, afirmaciones derechamente falsas, lo que ha dificultado el esclarecimiento de la verdad y ha tensionado innecesariamente el debate público”.
Corrección interna
En esa línea, desde la casa edilicia agregan que “dentro de las medidas de orden se corrigieron prácticas que estaban fuera de toda norma y que durante años fueron pasadas por alto, incluyendo aumentos de remuneraciones sin respaldo suficiente”.
Y que esto “derivó en que la tabla de sueldos para los funcionarios de la salud municipal de Viña del Mar se transformara en la más alta del país, de manera claramente desproporcionada respecto de comunas con realidades similares”.
Por esto, “ante las diferencias salariales abismales, la administración decidió ajustar las remuneraciones de la minoría de funcionarios que más ganan -entre $3,5 millones y $14 millones mensuales- e incrementar los sueldos de la mayoría que percibe ingresos menores, para avanzar hacia una distribución salarial más justa, equilibrada y realista y velar por el cuidado de los recursos públicos municipales”.
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