El gobierno de Perú incrementó la presencia policial cerca a la Embajada de México en Lima, ante un riesgo de fuga de la exprimera ministra Betssy Chávez, condenada por el fallido golpe de estado del expresidente Pedro Castillo en 2022.
Recordar que Chávez pidió asilo en el lugar en noviembre pasado, situación que llevó a que Perú rompiera relaciones diplomáticas con México.
El jefe de la Policía Nacional de Perú declaró al Canal N que han desplazado a un promedio de 36 miembros de la institución en varios lugares de Lima para “cerrar cualquier posibilidad” de fuga de Chávez, pero que en la residencia mexicana hay “un número considerable” de 25 policías.
Sobre la posibilidad de una fuga de Chávez en coincidencia con las fiestas de fin de año, Arriola añadió que “hay informaciones, verificamos y hacemos nuestro trabajo normal y rutinario”.
El jefe policial explicó sobre las formas de fuga de una persona asilada que “podría tratar de burlar la seguridad, podría salir en un vehículo con inmunidad diplomática y hacer un trasbordo en algún punto” de la ciudad.
Dado que los vehículos diplomáticos también tienen inmunidad, la Policía estaría impedida de detenerlo o intervenirlo, “salvo urgencia extrema que tenga que ver con la vida y salud de los ocupantes”, señaló Arriola.
A raíz de este caso, el canciller de Perú, Hugo de Zela, propuso a los países de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reforzar los procedimientos del asilo diplomático para evitar que continúe su “evolución negativa” y se convierta en “un instrumento para eludir la justicia”.
En una comparecencia ante el Consejo Permanente de la OEA, a inicios de este mes, el canciller insistió en que su intervención no se refiere al caso específico de Chávez, pero sí advirtió que este reafirma la “evolución negativa en la utilización del derecho de asilo consagrado en la Convención de Caracas” de 1954, utilizada hoy “para otorgar asilo a quienes no sufren persecución política en Estados democráticos”.
El ministro reconoció los retos de su país, que no se ha recuperado aún de la crisis política tras la destitución de Castillo, pero afirmó que “prevalecen las garantías del debido proceso” y “sobre todo, el principio de no impunidad”.
Adelantó que Perú estaría considerando elevar consultas al Comité Jurídico Interamericano e invitó a los Estados miembros de la OEA a debatir y fortalecer juntos el multilateralismo y los tratados sobre asilo.
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