La Asociación de Educadores de Chile solicitó a la Contraloría General de la República (CGR) que se pronuncie sobre la legalidad de la instrucción administrativa que impone la enseñanza de la asignatura de Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios Ancestrales.
Recordemos que la propuesta del Ministerio de Educación será obligatoria para los recintos que cuenten con el 20% de estudiantes pertenecientes a pueblos originarios.
En ese contexto, Sergio Godoy, director Ejecutivo de la agrupación de educadores, indicó que “la norma establece claramente que su implementación es obligatoria solo en establecimientos con al menos un 20% de matrícula de estudiantes de ascendencia indígena, mientras que en otros casos debe ser voluntaria”.
“No podemos aceptar imposiciones arbitrarias que generan confusión y sobrecarga administrativa en los colegios”, agregó Godoy.
Respecto de la defensa de los profesores y su estabilidad laboral, el director expresó que “defenderemos firmemente a nuestros docentes para que no pierdan sus puestos laborales frente a personas no profesionales que podrían ser designadas sin cumplir con los requisitos de formación docente”.
“No permitiremos que la educación de nuestros estudiantes quede en manos de personas sin la preparación adecuada, afectando la calidad educativa y la estabilidad laboral de los profesores titulados”, añadió.
En tanto, el abogado experto en Derecho Público, Jorge Tapia, explicó que la solicitud busca que la CGR se pronuncie sobre la legalidad del oficio emanado por la Dirección de Educación General del Ministerio de Educación.
“A través de estas instrucciones, se ha hecho una errada interpretación del Decreto Supremo 97 del año 2021, ordenando a distintos colegios la implementación de un programa curricular a semanas del inicio del año escolar 2025, lo que genera diversas implicancias”, comentó.
“Es fundamental que la Contraloría, en uso de sus atribuciones, realice el control de legalidad de estos actos administrativos y deje sin efecto la decisión del Ministerio de Educación”, cerró Tapia.
Por último, cabe destacar que la asignatura será optativa para los estudiantes. En ese sentido, independientemente de que sea obligatoria o voluntaria para los establecimientos, son los padres o apoderados quienes deben manifestar por escrito si desean o no la enseñanza de la asignatura en el momento de matricular a sus hijos.
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