En un contexto en que se ha planteado revisar o incluso eliminar la normativa vigente, las tres causales de aborto vuelven a quedar bajo discusión. La Ley 21.030, promulgada en 2017, estableció un piso mínimo de protección en situaciones extremas: riesgo vital, inviabilidad fetal y embarazo por violación.
Desde entonces, según el Centro de Estudios Públicos (CEP), la aprobación del aborto “en casos especiales” ha mantenido un apoyo de cerca de un 50% de la población chilena, mientras que cerca de un 20% de las personas creen que “debería ser una opción en cualquier caso”.
En contraste a eso, acorde a cifras del Instituto Guttmacher, en Chile se realizan entre 60.000 y 300.000 abortos clandestinos al año. Desde la Asociación de Abogadas Feministas de Chile (ABOFEM) atribuyen esas estadísticas a una “evidencia de que ese piso no alcanza”.
En ese contexto, ABOFEM y AML Defensa de Mujeres lanzaron la campaña “Podrías ser tú”, que busca dar espacio a esas historias.
Como argumentaron en la organización, desde el momento en que se define si una persona “califica” o no dentro de ese marco legal, muchas experiencias quedan automáticamente excluidas, aun cuando esto provoque un impacto grave en su salud física o mental.
A modo de ejemplo, las circunstancias que no cubre la Ley son un tratamiento de quimioterapia incompatible con la gestación; una depresión profunda que se agrava con un embarazo no deseado; una relación violenta que nunca llegó a denunciarse; una crisis económica que vuelve todo inviable.
Macarena Herrera, abogada y directora de la Asociación, puntualizó que “el límite de las tres causales se ve en la vida real (…) hay muchas mujeres que no califican y que, por eso mismo, no pueden acceder a un aborto en una clínica o en un centro de salud. Terminan resolviendo solas, de forma insegura, poniendo en riesgo su propia vida”.
Incluso las mujeres que sí cumplen con las causales legales suelen enfrentar obstáculos dentro del sistema de salud: demoras, exigencias arbitrarias y estigmatización, factores que en la práctica también empujan a muchas a optar por la clandestinidad.
Según la Investigación sobre la Criminalización del Aborto en Chile, entre 2012 y 2022 más de 450 mujeres y niñas enfrentaron procesos judiciales por interrumpir su embarazo. Aunque la mayoría de estas causas no terminó en condena, muchas mujeres relatan consecuencias duraderas: miedo a la criminalización y desconfianza frente al sistema de salud.
Desde ABOFEM advirtieron que este escenario no es solo normativo, sino también humano. “Necesitamos abrir la puerta a esos casos que hoy quedan fuera, para que ninguna mujer tenga que enfrentarse a una decisión tan compleja sin atención médica ni acompañamiento”, sostuvo Lara Herrera.
En un comunicado de prensa, aseguraron que más allá de los ciclos políticos, las situaciones siguen ocurriendo. Cada día aparecen nuevas historias de mujeres que quedan fuera de la Ley de Tres Causales. Son ellas mismas quienes comienzan a contar lo que antes se callaba, dejando en evidencia que estas realidades existen, se repiten y siguen esperando una respuesta legal que las contemple.
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