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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

En la Comisión Especial Investigadora del Caso Convenios, parlamentarios acusan al gobierno de "blindar" a personeros oficialistas y critican la falta de cumplimiento de la política de "caiga quien caiga" por parte de La Moneda. Hace un año, la revelación de contratos con traspaso directo de dinero desde el Seremi de Vivienda hacia la fundación Democracia Viva desató una serie de tratos y convenios entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo con más de 60 fundaciones en todo Chile, alcanzando un monto total investigado de $89.961 millones. La falta de consecuencias al interior del Ejecutivo ha sido calificada como "penosa para Chile" por el diputado José Miguel Castro. Mientras tanto, la diputada Yovana Ahumada y el diputado Rubén Oyarzo critican el roles y responsabilidades del Ejecutivo, denunciando el blindaje a dirigentes oficialistas. En contraparte, el diputado Marcos Ilabaca del Partido Socialista destaca la importancia de la transparencia en las indagatorias llevadas a cabo por el Ministerio Público. La región del Bío Bío es la que concentra la mayor cantidad de tratos investigados, mientras que La Araucanía es la que más dinero ha traspasado a través de la Gobernación, liderada por Luciano Rivas, gobernador vinculado a la derecha.

Parlamentarios de la Comisión Especial Investigadora del Caso Convenios acusaron al gobierno de “blindar” a personeros oficialistas y criticaron que la política de “caiga quien caiga” de La Moneda no se ha cumplido.

Recordemos que este domingo se cumple un año exacto desde que el portal de noticias de Antofagasta, Timeline, publicó la existencia de contratos con traspaso directo de dinero desde el Seremi de Vivienda hacia la fundación Democracia Viva.

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Aquella noticia terminó por destapar una verdadera caja de pandora de tratos y convenios entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo con más de 60 fundaciones en las 16 regiones del país, lo que se transformó con el tiempo en uno de los mayores escándalos que ha tenido que sortear la actual administración de La Moneda.

Al respecto, parlamentarios acusan impunidad tanto política como penal en este caso, cuyo monto total investigado llega a $89.961 millones de pesos.

El diputado de Renovación Nacional y presidente de la Comisión Especial Investigadora del caso, José Miguel Castro, criticó la falta de consecuencias al interior del Ejecutivo, calificándolo de “penoso para Chile”.

La diputada independiente e integrante de la misma Comisión, Yovana Ahumada, criticó el rol del Ejecutivo en cuanto a las responsabilidades, mientras que su par independiente, Rubén Oyarzo, acusó que La Moneda ha “blindado” a dirigentes oficialistas y cuestionó la permanencia en el cargo de autoridades.

En el oficialismo, el diputado del Partido Socialista, Marcos Ilabaca, valoró las indagatorias que ha llevado adelante el Ministerio Público, agregando que los resultados que se obtengan deben ser transparentados.

La región del Bío Bío es la que más tratos tiene siendo investigados, con 21 fundaciones, mientras que La Araucanía es la que más dinero ha traspasado -más de 44 mil millones- a través de la Gobernación encabezada por Luciano Rivas, gobernador cercano a la derecha.