La auditoría de la Contraloría General de la República, revisó los contratos firmados por la estatal con terceros, entre 2017 y 2019, cuestionando pagos a cuatro empresas.
Contraloría General de la República cuestionó a la Empresa de Ferrocarriles del Estado, EFE, por el pago de más de 405 millones de pesos a empresas de funcionarios o familiares de trabajadores de la estatal.
Así lo informó un reportaje de T13, quien accedió al informe de Contraloría, el que cuestiona posibles hechos de conflicto de interés en cuatro de sus trabajadores, ocurridos entre 2017 y 2019. Hasta la fecha, dos de los funcionarios que aparecen como cuestionados, siguen trabajando en EFE.
El primer caso es el quizás más grave, ya que involucra el pago de $392.712.675, los que fueron cancelados a la empresa Constructora BEC Ltda. El representante legal de dicha firma es Christian Rouret, padre de Carlos Rouet, quien es ex cónyuge de Claudia Barría. Barría, según la auditoría, al momento de la firma del contrato con BEC Ltda., era jefa de Ingeniería de EFE, área que pertenecía a la Gerencia de Proyecto Santiago-Batuco.
EFE detalló, en el informe de Contraloría, que Claudia Barría “no participó ni intervino en el proceso de toma de decisiones, por lo que no existen antecedentes para estimar que pudiese haberse visto involucrada en algún conflicto de interés”.
Sin embargo, Contraloría observa que “no se pudo comprobar el parentesco que la vincula con la citada empresa privada (BEC Ltda.). No se aportaron antecedentes que permitan desvirtuar lo observado, motivo por el cual se mantiene la objeción formulada”. En marzo de 2019, dos meses después del último pago que recibió la Constructora BEC Ltda., Claudia Barría dejó de prestar servicios a EFE. Actualmente, es gerente de proyectos en una empresa privada.
El segundo caso en importancia por la cantidad de dinero pagado, a juicio de Contraloría, de forma irregular, es el que involucra a Fernando Urrutia del Valle, quien en octubre de 2016 asumió como jefe de Mantención de Activos y Servicios, sección que pertenece a la Gerencia de Administración y Finanzas y Control de Gestión de EFE.
Un mes después, Ferrocarriles contrató a la empresa de Fernando Urrutia Munizaga, hijo del funcionario Fernando Urrutia del Valle. La tarea era coordinar los procesos de expropiación que ejecutaría el Serviu en la región del Bío Bío y la erradicación de campamentos en siete regiones más.
Entre febrero de 2017 y marzo de 2018, Fernando Urrutia (hijo) recibió $11.239.501 en once pagos. En este caso, el privado sí declaró que mantenía un conflicto de interés. “Un vínculo familiar por parentesco derivado de su condición de hijo de don Fernando Urrutia del Valle”, asegura el informe de la Contraloría.
Luego, en el mismo documento, EFE argumentó que “Urrutia del Valle (padre) no tuvo participación directa en el proceso”. Ante esto, Contraloría determinó mantener “la situación observada, toda vez que la entidad no proporcionó los antecedentes que den cuenta de lo esgrimido en la respuesta (de EFE)”.
Empresas de Funcionarios de EFE
El informe de Contraloría da cuenta de otros dos casos de pagos cuestionados, en los que se involucra a empresas de funcionarios o familiares de trabajadores que aún se encuentran prestando servicios a la estatal.
El primero es Daniel Pino, que en 2017 comenzó a trabajar como Administrador de Contratos en EFE. En julio del mismo año, el Área de Abastecimiento, cotizó en tres empresas la compra de repisas metálicas para habilitar bodegas donde guardarían equipos informáticos.
De las tres cotizaciones, solo dos presentaron ofertas y se adjudicó la más económica por $1.666.000: Comercial Los Pinos Ltda. Fundada en 2012, uno de sus dueños es el propio Daniel Pino. EFE dijo que Pino, si bien participó en la propiedad de la empresa adjudicada, no intervino en el proceso de cotización”.
El segundo caso es el de Yuny Arias, la actual Gerente General de EFE Arica-La Paz. En enero de 2018, cuando Arias, era Gerente de Proyectos de EFE Arica-La Paz, la institución pagó $178.500 por una publicación en Revista Mi Norte SpA, la que pertenece a Macarena Arias, hermana de Yuny Arias.
En este caso, la trabajadora informó a la empresa sobre su posible conflicto de interés a través de un correo electrónico. Sin embargo, Contraloría comprobó que Yuny Arias firmó como apoderado bancario para el pago de la empresa proveedora de su hermana. EFE, en su respuesta, explicó que debido a la poca dotación existente en la filial Arica-La Paz, Yuny Arias firmó en calidad de Gerente de Proyectos.
