Luis Eduardo Thayer, director del Servicio Nacional de Migraciones, se defendió de las críticas asegurando que no hay "fórmulas mágicas".
Escuchando la posición del Gobierno y de distintas organizaciones, la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados comenzó la tramitación del proyecto que tipifica como delito el ingreso clandestino a territorio nacional.
La nueva Ley de Migración y Extranjería rebajó este acto a una sanción administrativa y la iniciativa busca devolver la categoría de ilícito, no para terminar con penas privativas de libertad, sino que para agilizar las expulsiones judiciales de quienes entran por pasos no habilitados, según los autores de esta moción.
El diputado de RN, Andrés Longton, uno de los impulsores del proyecto, sostuvo que no se puede sostener que sea tan fácil el ingreso al país.
En paralelo, el Gobierno espera concretar el esperado empadronamiento biométrico de personas migrantes, que buscará localizar a personas que puedan entrar al país y permanecer en él.
La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, afirmó que identificar es lo más relevante y recordó, aludiendo a la administración de Sebastián Piñera, que “hace algunos años se abrieron las puertas”, lo que puede ser contradictorio con declararlos ilegales.
Para algunos de los firmantes, este proyecto es realmente sobre las expulsiones judiciales y administrativas, y cómo mejorar el sistema para aumentar las salidas, sin los altos costos reportados durante el último tiempo.
Al respecto, el diputado independiente de la bancada del PPD, Jaime Araya, enfatizó en que esta iniciativa no implica cárcel.
Luis Eduardo Thayer, director del Servicio Nacional de Migraciones, fue criticado por los 10 mil ciudadanos extranjeros que ingresaron por pasos no habilitados durante el primer trimestre de este año, y los 53 mil que lo hicieron en 2022.
La autoridad se defendió, asegurando que no hay “fórmulas mágicas” y que hay que llegar a un acuerdo amplio, refiriéndose también a acciones concretas del Ejecutivo.
Desde un sector del oficialismo han recalcado que el proyecto contraviene convenios internacionales suscritos por Chile sobre el derecho a migrar y que cuesta encontrar en el mundo países que declaren la migración como un delito.
Cabe destacar que la iniciativa no tiene urgencia legislativa.
