Del Partido Socialista a la Unión Democrática Independiente. Tranversales han sido las críticas tras la carta de apoyo a Marco Enríquez-Ominami emitida por el Grupo Puebla, entre cuyas firmas figura la del presidente de Argentina, Alberto Fernández. "Poco prudente" e "intromisión política" fueron parte de los calificativos a la acción, por parte de parlamentarios.

Transversales han sido las críticas a la firma del presidente de Argentina, Alberto Fernández, en la carta del Grupo de Puebla en apoyo a Marco Enríquez-Ominami por el proceso judicial del caso SQM que se lleva en su contra.

La declaración del Grupo Puebla ha sido polémica por los dardos lanzados al sistema judicial chileno, culpando directamente a fiscales de la dilatación del juicio. Según la agrupación, los persecutores cuentan con apoyo mediático y financiero.

El exembajador Jorge Tarud, señaló que el hecho era de esperarse, considerando que el presidente Gabriel Boric también “intervino en asuntos internos del Perú”.

“Lo dijimos en su momento (…) de que esto dejaba un flanco abierto para que otros intervengan en asuntos internos de Chile, y eso es lo que ha acontecido hoy con el presidente de Argentina. Evidentemente, es absolutamente indebido, impropio, y más aún viniendo de un país vecino”, manifestó.

Por su parte, el diputado del Partido Socialista y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, Tomás de Rementeria, tildó de “poco prudente” el hecho de que el presidente Fernández critique a la justicia chilena. En esa línea, llamó a respetar los poderes del Estado en Chile.

“No corresponde que un mandatario extranjero opine y nosotros podríamos tener en el proceso a la justicia argentina, también, pero no lo vamos a hacer porque creo que una parte del respeto es respetar los poderes del Estado”, sostuvo.

A las críticas se suma el senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Iván Moreira. El también miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores calificó el hecho de inaceptable al ser una intromisión de Argentina en los asuntos internos de Chile, del Poder Judicial y del Ministerio Público.

“Es claramente una intromisión en los asuntos internos de Chile”, lanzó.

Al momento de publicada esta nota, el Ministerio de Relaciones Exteriores aún no se ha pronunciado al respecto.