Este jueves, el Servel rechazó 96 candidaturas a diputado del pacto Apruebo Dignidad. Entre los postulantes, aparecen los actuales parlamentarios Jaime Mulet (FVRS), por Atacama; Catalina Pérez (RD), por Antofagasta; y Amaro Labra (PC), por la región Metropolitana.
En la mayoría de los casos, el organismo argumentó que las declaraciones de candidaturas “no fueron realizadas por uno o más partidos políticos integrantes del pacto”.
Alondra Arellano, presidenta de Convergencia Social, señaló que “recibimos una resolución del Servel que no coincide con las gestiones administrativas que hicimos como directivas de los partidos en la plataforma del Servel. Apuntamos a que hubo un error de la plataforma, que debe ser corregido por el Servel”.
De todas formas pidió tranquilidad a sus militantes, ya que -según dice- todas las candidaturas fueron ingresadas de forma correcta.
Por su parte, Margarita Portuguez, timonel de Revolución Democrática, aseguró que “nosotros presentamos una reposición al Servel para que rectifique y corrija esta decisión, toda vez que nosotros, de muy buena fe, consultamos a funcionarios públicos de alto rango del Servel, el cual nos indicó que la plataforma no podía aceptar a aquellas regiones en donde los partidos no estaban legalizados”.
En esa línea, no descaró recurrir a otras instancias. “Esperamos que el consejo rectifique esta decisión antes de enviarnos a la justicia electoral”, dijo.
Desde Comunes, Jorge Ramírez expresó que esta situación “no sólo le sucedió a Apruebo Dignidad, sino que ha sido transversal. (…) Aquí se está atentando contra la democracia y, por tanto, la posibilidad de que candidatas y candidatos que cumplieron con cada uno de sus requerimientos no puedan competir”.
Asimismo, reiteró que “efectivamente, hay un reconocimiento de parte de funcionarios del Servel del problema de señalamos. (…) Estamos esperando el mismo derecho que se hizo con todas las coaliciones”.
“Venimos al Servel, porque respetamos la institucionalidad, y esperamos que el Servel también respete ese mandato constitucional que lo obliga a cuidar todos los procesos democráticos para garantizar la participación de las fuerzas políticas”, afirmó Flavia Torrealba, desde la Federación Regionalista Verde Social (FRVS).
