Dos fallecidos y más de 1.600 contagiados es el saldo de la covid-19 al interior de Gendarmería. Desde la institución aseguran que han cumplido los protocolos, sin embargo en los funcionarios hay preocupación por lo que se viene: la reapertura de las cárceles para las visitas de familiares de internos.

El Gobierno a través del Ministerio de Justicia ya comenzó las gestiones y conversaciones con los distintos gremios penitenciarios. Y entre los funcionarios hay preocupación y temor al contagio, porque aunque hasta ahora se han librado de la enfermedad, muchos de sus compañeros no han tenido la misma suerte.

Es más, el balance lo ensombrecen dos administrativos que perdieron la vida producto de la covid-19 cuando aún los funcionarios públicos tenían que hacer trabajo presencial.

El temor no es tan sólo contagiarse, sino que también tiene que ver con la precariedad laboral en la cual aseguran que se desempeñan, ya que como miles de funcionarios públicos, algunos llevan años trabajando a honorarios o a contrata, por lo que no tienen la misma cobertura de salud.

Los gremios acusan que sólo se les informó de la reapertura, porque la decisión ya estaba tomada.

Según indicó el Ministerio de Justicia en su página web, el pasado 30 de octubre se iniciaron las coordinaciones para retomar visitas en las cárceles del país.

Se trata de un “Plan Paso a Paso” que permita retomar de acuerdo a la realidad sanitaria de cada localidad, las visitas presenciales de familiares de personas privadas de libertad y las distintas actividades de reinserción social en las cárceles del país.

Según destacan, este Plan se realiza en consulta con el Comité Técnico del Ministerio de Salud, para que el retorno cumpla con las correspondientes exigencias sanitarias.

Dos semanas después, el 10 de noviembre, se reunieron parte del equipo del Subsecretario de Justicia, el director nacional de Gendarmería, su equipo técnico, representantes del Ministerio de Salud, Colegio Médico y los presidentes de las distintas asociaciones gremiales, para comentar los planes del Gobierno.

Los datos

Según información de Gendarmería, hasta este viernes 27 de noviembre, 1.613 funcionarios han resultado contagiados. De ellos, 1.564 ya se han recuperado, no obstante dos finalmente perdieron la vida.

En la población penal las cifras son mayores. El balance muestra a 1.931 reos contagiados y 17 fallecidos.

Los penales que registran las mayores cifras de contagios, por otro lado, son los Centros de Detención Preventiva (CDP) de Puente Alto, Santiago Sur y Santiago I.

Contactados por BioBioChile, desde la institución penitenciaria aseguraron que desde el inicio de la pandemia se han instaurado una serie de protocolos para evitar brotes de contagios al interior de las cárceles.

Entre ellos están la implementación de turnos y flexibilidad horaria, y el teletrabajo.

En lo que tiene que ver con el contacto con la población penal, se suspendieron las visitas presenciales y los traslados entre unidades penales, salvo aquellos estrictamente necesarios y con cuarentena preventiva y exámenes PCR previos.

Así también, se ordenó la sanitización permanente de los distintos sectores de los recintos penitenciarios, como también, del equipamiento de seguridad que usa el personal, como el armamento, chalecos antibalas y antipuñal, esposas y bastones.

ARCHIVO | Hans Scott | Agencia UNO

Si bien reconocen que al inicio de la pandemia costó imponer una cultura de prevención, principalmente debido a la escasez generalizada de elementos de protección e higiene personal, actualmente esto ya se ha normalizado, principalmente por parte de los funcionarios.

Y aunque también admiten que hubo lapsos de tiempo en que las cifras de contagiados en los recintos iban en aumento, la internalización y el cumplimiento de los protocolos ha llevado a reducir notablemente la cantidad de contagios entre el personal e internos.

Respecto de los penales con más contagios, desde Gendarmería indican que “las unidades penales, generalmente presentan altos niveles de sobrepoblación, con espacios reducidos y con escasa ventilación, especialmente en los horarios de encierro, cuestiones que a nuestro criterio han sido detonantes en las altas cifras de contagiados que se produjeron en los meses anteriores”.

La preocupación de los gremios

El presidente de la Asociación de Gendarmes, Pablo Jaque, aseguró que la cifra de contagios es preocupante, tomando en cuenta las condiciones en las que trabajan los funcionarios por la falta de infraestructura adecuada y con altos niveles de hacinamiento.

“Si bien es cierto que al inicio de la pandemia llegaron hartos insumos sanitarios para protección de nuestros funcionarios, en el tiempo esa protección ha ido decayendo y finalmente los funcionarios también de sus propios recursos han tenido que solventar lo esencial, los guantes, la mascarilla, el alcohol gel, porque no llega en la cantidad que se requiere para todo el personal”, lamentó.

Sin embargo, agregó que “en términos generales se han adoptado algunos protocolos, como la división de los turnos del personal para dividir el personal y evitar el contacto estrecho, eso sin duda que han sido medidas que son bien evaluadas porque ha permitido tener un poco de control de los contagios del personal y que esta situación no sea tan crítica”.

Pero ese escenario podría cambiar de autorizarse el ingreso a las cárceles, según señala Jaque.

“Hoy día donde todavía no existe una vacuna, siguen habiendo focos de contagios en el país, la pandemia sigue activa. Sin duda que para nosotros es una situación preocupante, porque las cárceles de Chile no tienen la infraestructura adecuada”, cuestionó.

“Nos preocupa esta apertura gradual del sistema de visitas, porque podría traer aparejado más focos de contagios y poner en riesgo la salud de nuestros funcionarios, como también de sus propias familias”, insistió el dirigente.

ARCHIVO | Sebastian Brogca | Agencia UNO

Andrea Castro, vocera de la Asociación de Directivos, Profesional, Técnicos, Administrativos y Auxiliares de Gendarmería de Chile (Adiptgen), apuntó por su parte a las diferencias que sufren los funcionarios que están a contrata y quienes son de planta, por no poder acceder a la misma cobertura en salud.

“Los dos funcionarios que fallecieron, uno era un técnico a contrata y otro era un administrativo de planta, y ahí nosotros pudimos evidenciar los distinto que es tener un accidente, una muerte o cualquier conflicto laboral que implique una enfermedad”, relata.

“Aquí se vio esa diferencia, donde uno de los funcionarios no recibió ningún apoyo y al otro le contabilizaron los años trabajados, recibió una pensión, etcétera”, agregó.

Según Andrea Castro, los protocolos funcionan, pero tomando en cuenta el nivel de hacinamiento en las unidades penales, en que se saque a un interno contagiado de la población penal donde está recluido y se aísle, así y todo, que se genere la pesquisa, obviamente habrán mucho más contagiados de la misma dependencia.

“Trato de ser lo más objetiva posible y siento que Gendarmería ha hecho todo lo que se puede con los escasos recursos que lleva. Pero la verdad es que el hermano pobre de los empleados públicos, siempre llegan menos recursos de lo que llega a otras entidades públicas”, lamentó.

Preocupación en el Congreso

La preocupación también llegó al Congreso, donde el diputado RN y miembro de la comisión de Derechos Humanos, Andrés Celis, advirtió que se deben tomar con cuidado el retorno a las visitas para evitar alzas en los contagios.

“Ante el inminente inicio de visitas presenciales en todos los penales de nuestro país, que fueran suspendidas por la pandemia del Covid-19, es importante que tanto el Ministerio de Justicia como Gendarmería, informen cuáles son los protocolos que se tienen considerados para resguardar a la población penal de posibles contagios”, indicó a BioBioChile.

“La cifra a nivel nacional aún es preocupante, razón por la cual se deben tomar las medidas sanitarias para que las visitas sean seguras y no se produzca un aumento en la propagación del virus”, estimó.

En ese sentido, adelantó que pedirá la información respectiva al Ministerio de Justicia respecto de los planes para reabrir las cárceles, en medio de los temores de los funcionarios.