Un álgido debate se produjo esta mañana en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se analizó el proyecto de ley que busca tipificar el delito de incitación a la violencia y que se votará en horas de esta tarde, por problemas técnicos en el Congreso Nacional.
La iniciativa de ley fue originalmente presentada por el Gobierno en 2017, y modificada por el Ejecutivo en noviembre de 2018. Desde ese entonces, ha vivido una larga tramitación siendo en enero de este año aprobado en general por el Senado, donde pasó a la Cámara Baja.
Considerando las últimas introducciones hechas en el texto, este actualmente sancionaría al que “justifique, aprobase o negare las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante la dictadura cívico militar ocurrida en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, quienes serán castigados con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de 40 a 60 Unidades Tributarias Mensuales”.
El diputado de Renovación Nacional, Cristóbal Urruticoechea, señaló que se puede llegar a un punto de penalizar a personas que NO necesariamente realicen acciones discriminatorias.
Por su parte, para el legislador de Evópoli, Francisco Undurraga, se estaría sancionando a ciudadanos que estén opinando de una forma contraria a ciertos pensamientos.
La diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz, explicó que se busca -a su juicio- proteger a personas de los discursos de odio, que incitan a la violencia y a la discriminación.
Donde sí hay consenso un tanto más generalizado, es el punto que sancionará a quien públicamente, a través de cualquier medio apto para su difusión pública, incitare directamente a la violencia física en contra de un grupo de personas o de un miembro de tal grupo basado en etnia, pueblo, nacionalidad, entre otros, el cual se penalizará con presidio menor en su grado mínimo y multa de veinte a cuarenta Unidades Tributarias Anuales.
