La subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, se refirió nuevamente a las terapias de conversión tras la polémica desatada por sus dichos, que llevó al Movilh acusarla de defenderlas. En esta ocasión Recabarren reiteró sus disculpas e insistió en que el Gobierno se opone a estas prácticas.

En medio de la sesión de la comisión de Derechos Humanos del Senado donde se discuten actualmente modificaciones que permitan fortalecer la Ley Antidiscriminación, la subsecretaria se refirió a la polémica de la semana pasada.

En esa línea, Recabarren señalo: “Quiero lamentar que la interpretación que se dio a mis palabras provocó que algunas personas se sintieran ofendidas y heridas”.

Asimismo, manifestó su propia convicción, la del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la del Gobierno, de que las terapias de conversión “no deben tener ningún espacio en el ordenamiento jurídico nacional”.

“Quiero lamentar de verdad, profundamente, que mi intervención haya generado un malentendido y, en especial lo lamento porque esta interpretación que se dio a mis palabras provocó que algunas personas se sintieran ofendidas y heridas, y eso lo lamento. La interpretación que se dio a mis palabras no se condice con mis convicciones, ni mis pensamientos, ni mis intenciones, ni tampoco con las convicciones que este gobierno tiene, al cual represento”, sostuvo.

Añadió que “el Gobierno se opone sin matices a cualquier práctica que atente contra la dignidad de las personas, ya sea por su identidad o expresión de género o su orientación sexual, tal como ya aclaré la semana pasada y como reafirmaron en su minuto el ministro de Justicia, Hernán Larraín, como el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, y prueba de lo anterior creo que es la indicación que hoy día el Ejecutivo presenta”.

“En esta comisión hemos trabajado siempre desde la buena fe, con un espíritu colaborativo, de forma transparente y creo que de eso esta comisión se debe sentir orgullosa. Hemos tramitado proyectos muy importantes en materia de DD.HH., como es la ley 21.120 que de hecho reconoce y da protección al derecho de identidad de género; hemos tramitado el mecanismo nacional de prevención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes; y la ley 21.171, que creó el catastro nacional de mortinatos para facilitar la individualización y la sepultación de estos personas, niños, hijos que no alcanzan a nacer”, adujo.