La Tercera Sala de la Corte Suprema, después de ocho años, confirmó la sanción de 20.000 UF ($550 millones) al exejecutivo de la empresa La Polar, Julián Moreno, impuesta en 2012 por la otrora Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
En un fallo de 38 páginas, el máximo tribunal estimó de esta manera que el castigo pecuniario se apegó a derecho, estableciendo que la resolución adoptada en 2019 por la Corte de Santiago actuó conforme a las normas financieras.
El dictamen de la Suprema contó con los votos de los ministros Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval, María Angélica Repetto y el abogado integrante Álvaro Quintanilla.
Lea el fallo
Moreno era el encargado de Productos Financieros de La Polar y en ese contexto fue el tuvo responsabilidad de generar una práctica conocida como negociaciones unilaterales con los clientes, sin que estos últimos tuvieran conocimiento de ello.
El hecho derivó -en paralelo a la sanción de le entonces SVS- en una investigación tramitada por el fiscal José Morales de la Fiscalía Centro Norte, que derivó en 2015 en una condena para los máximos ejecutivos de la compañía.
Moreno fue sancionado penalmente por delitos de lavado de activos, Ley de Bancos y de Valores a una pena de cinco años de libertad vigilada. A él se sumaron con la misma sanción, el exgerente general Pablo Alcalde y María Isabel Farah.
Estos dos últimos, en tanto, también fueron sancionados por la SVS a pagar $ 680 millones y $550 millones, respectivamente.
La decisión del máximo tribunal vino a confirmar un criterio, en cuanto a que la sanción criminal corre por un carril separado a las multas aplicadas por la autoridad financiera.
