Desde el partido Convergencia Social enviaron un oficio al Ministerio del Interior solicitando que la ley que aumenta las sanciones penales a quienes infrinjan las medidas sanitarias y de aislamiento en las comunas con cuarentena, no afecte a las personas que organizan y participan de las ollas comunes, ni tampoco a quienes acuden a ellas en busca de alimentación diaria.
Ante la actual situación de crisis sanitaria por Covid-19, a lo largo del país se han levantado cientos de ollas comunes, lideradas principalmente por mujeres que —con escasos recursos, la solidaridad de vecinos y organizaciones sociales— van en ayuda de las familias que no tienen recursos para cubrir una necesidad elemental como la alimentación.
En ese sentido, desde Convergencia Social manifiestan su preocupación en que precisamente sea la población más vulnerable la afectada con esta Ley que sanciona con cárcel y elevadas multas el incumplimiento de la cuarentena.
Al respecto, el jefe de bancada de Convergencia Social, Gonzalo Winter explicó: “Son cientos las ollas comunes a largo de nuestro país que hoy reparten miles de raciones diariamente, las que para algunos será la única comida del día”.
“Por eso la preocupación que viven las organizaciones sociales, vecinos y vecinas por el efecto que puede tener la ley que aumenta sanciones por incumplir la cuarentena. En este contexto, ellos están ofreciendo un servicio esencial para los sectores de la población más afectados por la crisis social y no es posible que sean criminalizados ni perseguidos por esto”, sostuvo.
Mientras tanto, el diputado Diego Ibáñez señaló que “en un escenario en que el hambre gana terreno es importante excluir de las normas punitivas aquellas acciones que se ejercen para subsistir, como son las ollas comunes y los ejercicios de solidaridad que está ejerciendo la población a lo largo y ancho de Chile. La desigualdad, el hambre y la pobreza no se resuelven ni con cárcel ni con multas, sino que con políticas públicas solidarias y bien implementadas”.
Por su parte, la diputada y presidenta de Convergencia Social, Gael Yeomans, indicó que “con este tipo de política policial el Gobierno devela que no conoce un ápice la realidad social y económica que enfrenta el país. Aquí las personas se organizan en ollas comunes para vencer el hambre, mientras el Gobierno que no ha dado el ancho con la ayuda social decide penalizar al pueblo que se organiza”.
Además, agregó que lo que exigen es que “no se criminalice a quienes tejen redes solidarias ni a quienes necesitan de esa ayuda. Necesitamos que se les otorguen permisos especiales y que la fuerza policial no abuse de su poder sobre pobladores y pobladoras”.
Finalmente el diputado Gabriel Boric señaló: “La vía de la represión no va a extinguir ni el hambre ni la necesidad. Desde CS vamos a tomar todos los resguardos para defender a quienes se están organizando para poder paliar las circunstancias difíciles por las que se está pasando hoy día en diferentes regiones del país y, en ese sentido, vamos a buscar generar los resguardos necesarios, en particular para quienes están organizando ollas comunes en sus barrios, para que no sean víctimas de la represión policial que ya hemos conocido en los últimos meses”.
