Para las 10:00 horas de este jueves se espera que los diputados de la oposición ingresen la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, luego de meses de haber sido anunciada por el partido Socialista.
El libelo, que constará de 5 capítulos, alude a supuestas infracciones cometidas por la secretaria de Estado a la Constitución, además de faltas a la ejecución de leyes, principalmente, aquellas que componen la reforma educacional aprobada en el gobierno anterior.
El jefe de bancada del partido Socialista, Manuel Monsalve, se refirió a las líneas argumentativas que sustentan la acusación contra la ministra Cubillos.
La acusación contará con las firmas de todas las bancadas opositoras, lo que fue interpretado como una buena señal por el diputado socialista, Juan Santana, quien aseguró que ahora la tarea será convencer al resto de la oposición, para lograr los 78 votos que se requieren para su aprobación.
La ministra de Educación, en tanto, señaló que es válido que existan diferencias políticas en democracia, criticando que -a su parecer- se han querido instalar como infracciones a la Constitución, haciendo alusión a uno de los capítulos que agregó el Frente Amplio, sobre el no pago de la mención a las educadoras de párvulo y diferencial, señalando que es una ley del 2006 la que las excluyó.
Además, la ministra Marcela Cubillos calificó como especulaciones, que detrás de la acusación haya un interés por frenar una supuesta candidatura parlamentaria.
Otro de los capítulos que conforman la acusación constitucional, es una eventual vulneración del principio de probidad, en su dimensión de falta de veracidad, respecto de la información que entregó la secretaria de Estado sobre el Sistema de Admisión Escolar (SAE), en medio de la campaña comunicacional del Gobierno por el fracasado proyecto de Admisión Justa.
Además, se plantea que la ministra Cubillos no ejerció el control jerárquico para la buena implementación de la Ley de Nueva Educación Pública y falta de ejecución presupuestaria, en la puesta en marcha de las leyes de Educación Superior y Universidades del Estado.
