Tras declarar por más de 2 horas en la Cuarta Sala de la Corte Suprema -donde fue notificado de su proceso de extradición a EEUU– el empresario chileno, Carlos Cardoen, emitió declaraciones a la prensa en las que aseguró ser inocente de los delitos por los que está siendo investigado.
En paralelo, indicó estar “tremendamente feliz” porque luego de 26 años desde que el país norteamericano lo acusó de importar a Chile circonio para bombas de racimo, que posteriormente habrían sido vendidas al régimen de Sadam Husein en Irak, por fin pudo enfrentarse a la justicia.
“En 26 años de una persecución absolutamente injusta de la cual soy totalmente inocente y que vamos a demostrar… he podido enfrentarme a nuestra justicia para poder defenderme por primera vez”, sostuvo el empresario.
En ese contexto, manifestó encontrarse “muy confiado en nuestra justicia junto a mi familia, esperando que continúe el procedimiento” y insistiendo en que quiere conocer las razones concretas por las que se le acusa de cometer delitos.
“Va a ser el proceso judicial que va a permitir aclararlo, porque por 26 años han jugado con mi reputación, con mi honra y la de mi familia que al final es lo que estoy defendiendo”, puntualizó también.
“A mí ya me castigaron, a mí ya me tuvieron 26 años en Chile, pero como soy un huaso amante de mi tierra aquí estoy, pecho al frente, confiado en la justicia y con la frente en alto para defender mi honor y el de mi familia”, agregó asegurando que “Estados Unidos está haciendo imputaciones falsas”.
Petición
En su petición, Estados Unidos le imputó los delitos de exportación de armas, conspiración para exportar ilegalmente circonio para bombas de racimo y otros artículos de defensa.
Según el documento de extradición, entregado por el Poder Judicial a la Agencia France-Presse, también enfrenta cargos por declaración y utilización de documentación falsa.
La molestia de Estados Unidos se basa en el hecho que Cardoen habría violado un embargo sobre la venta de armas a Irak a fines de la década de 1980 y comienzos de la de 1990.
En concreto, fue acusado de haber exportado 130 toneladas de circonio desde Estados Unidos a Chile de manera ilegal para fabricar y vender bombas de racimo a Irak entre 1982 y 1989, lo que le habría generado ganancias cercanas a los US$150 millones.
Pese a ello, su abogada apuntó que en la solicitud que la Cancillería remitió a la Corte Suprema no se incluyó nada acerca de tráfico de armas, solo conspiración y fraude aduanero.
