La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo unánime, acogió un recurso de reposición y emitió una “orden de no innovar” que suspende la remoción de su cargo de la funcionaria de la Contraloría General de la República que reveló que sus colegas habrían realizado un safari en horas de trabajo en Kenia.
Se trata de Macarena Martínez, quien hasta el 27 de diciembre pasado pertenecía al “Team Leader en el Departamento de Auditoría Externa-Junta de Auditores de las Naciones Unidas de la Contraloría General”.
Sin embargo, por orden del contralor, Jorge Bermúdez, la profesional salió del grupo de auditores que trabajaba fiscalizando las misiones de la ONU y trasladada a la Segunda Contraloría Regional Metropolitana, por lo que la afectada presentó un recurso de protección, acusando “actuar arbitrario e ilegal”.
Martínez acusó que cuatro funcionarios, entre ellos la jefa del equipo de la Contraloría en Kenia, María Francisca del Fierro, y Alejandro Valenzuela Marín, abogado asesor de Bermúdez, participaron de un safari en Naoirobi en agosto pasado, presuntamente, en horas laborales.
El recurso presentado se basa en que Bermúdez habría infringido el estatuto administrativo, que prohíbe cambiar de función al funcionario público que denuncie algún acto de corrupción o falta a la probidad. “Constituye una desviación de poder para hacer sufrir consecuencias a mi representada por su actuación debida, legítima y lícita”, concluye el recurso.
La afectada, además de denunciar las presuntas irregularidades en el safari de sus colegas, reveló que otro funcionario de la Contraloría destinado a Nueva York para fiscalizar las misiones de la ONU no contaría con las capacidades profesionales para desarrollar su labor.
En su oportunidad, desde Contraloría reconocieron que Macarena Martínez “estaba amparada por el artículo 90 A del Estatuto Administrativo, que prohíbe reubicar a funcionarios que denuncien hechos potencialmente constitutivos de infracción al principio de probidad administrativa mientras dure la investigación respecto de los antecedentes que ella puso a disposición”.
Por ello, el 4 de febrero aseguraron en la Contraloría que “en cuanto se tomó conocimiento de la situación, el secretario general dejó sin efecto la medida adoptada contra la profesional que, en todo caso, no fue materializada por encontrase la funcionaria con licencia médica”.
Sin embargo, tras este fallo de la Corte de Apelaciones, se da cuenta que la Contraloría no alcanzó, a tiempo, a informar a la justicia sobre el fallido traslado de Martínez, pese a que Bermúdez firmó un escrito, enviado a los tribunales el martes, en el que se reconoce el procedimiento inadecuado.
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