La funcionaria de la Contraloría General de la República que reveló que sus colegas habrían realizado un safari en horas de trabajo en Kenia, recurrió a la justicia contra el contralor Jorge Bermúdez por removerla de su cargo.
Se trata de Macarena Martínez, quien hasta el 27 de diciembre pasado pertenecía al “Team Leader en el Departamento de Auditoría Externa-Junta de Auditores de las Naciones Unidas de la Contraloría General”. Por orden del contralor, la profesional habría sido removida del grupo que se encontraba en Kenia y trasladada a la Segunda Contraloría Regional Metropolitana.
En un recurso de protección presentado a su favor ante la Corte de Apelaciones de Santiago, se denunció el “actuar arbitrario e ilegal” de Bermúdez. El abogado que elaboró el libelo, Francisco Zambrano acusó que “se pretende encubrir una persecución en contra de mi representada por ser denunciante de actos de corrupción ocurridos dentro de la Contraloría General de la República”.
Macarena Martínez reveló que cuatro funcionarios, entre ellos la jefa del equipo de la Contraloría en Kenia, María Francisca del Fierro, y Alejandro Valenzuela Marín, abogado asesor de Bermúdez, participaron en un safari en Naoirobi en agosto pasado, presuntamente en horas laborales.
El recurso se basa en que Bermúdez habría infringido el estatuto administrativo, que prohíbe cambiar de función al funcionario público que denuncie algún acto de corrupción o falta a la probidad. “Constituye una desviación de poder para hacer sufrir consecuencias a mi representada por su actuación debida, legítima y lícita” concluye el recurso.
La afectada, además de denunciar las presuntas irregularidades en el safari de sus colegas, reveló que otro funcionario de la Contraloría destinado a Nueva York para fiscalizar las misiones de la ONU no contaría con las capacidades profesionales para desarrollar su labor.
Desde Contraloría aseguraron que aún no han sido notificados del recurso. “Sin perjuicio de lo anterior, la funcionaria está amparada por el artículo 90 A del Estatuto Administrativo —que prohíbe reubicar a funcionarios que denuncien hechos potencialmente constitutivos de infracción al principio de probidad administrativa mientras dure la investigación respecto de los antecedentes que ella puso a disposición”.
Asimismo, aseguraron que “en cuanto se tomó conocimiento de la situación, el secretario general dejó sin efecto la medida adoptada que, en todo caso, no fue materializa por encontrase la funcionaria con licencia médica”.
