El presidente Sebastián Piñera firmó esta mañana junto al ministro de Justicia, Hernán Larraín, el proyecto de ley que reforma el sistema notarial chileno.

Fue en el Patio de los Cañones en el Palacio de La Moneda en donde el presidente, ante diversas autoridades y sin la presencia de la asociación de los notarios, presentó detalles del proyecto de ley que pretende modernizar el sistema notarial. La actividad comenzó con una fila de los presentes, tratando de asimilar lo que esperan los usuarios en las notarias.

El proyecto, en tanto, incorpora sugerencias planteadas por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en un informe sobre el sector notarial.

La modernización incluye, entre otras cosas, disminuir los trámites que deben realizarse ante notario e incorporar nuevas tecnologías para realizar trámites por internet, aumentando también la oferta de servicios notariales a través de la creación de los fedatarios.

Asimismo, cambiaría el sistema de nombramiento de los notarios, “aumentando la meritocracia”.

En el mismo sentido, se disminuirían los niveles de discrecionalidad en los procesos de nombramiento de notarios, conservadores y archiveros.

En cuanto a los costos de los servicios notariales, se modificaría el sistema de fiscalización para mejorar la supervisión del cumplimiento de los aranceles.

Esto último, según planteó el presidente Sebastián Piñera, sería para “reducir los precios que cobran los notarios que exceden las tarifas establecidas en los reglamentos”.

Para aumentar la oferta de servicios notariales se crearán los fedetarios para disminuir los trámites que deben realizarse ante o por un notario, como finiquitos, cartas de renuncias, poderes simples para cobrar pensiones de jubilación, retiro y montepío, entre otros. Después de la promulgación de la ley, un decreto con fuerza de ley buscará eliminar al menos 200 trámites, según explicó Piñera.

El ministro de justicia, Hernán Larrain, explicó que los fedetarios señalados en el proyecto son ministros de fe, con presencia y competencia en todo el país, cuyos requisitos para postular será ser abogados con cinco años de experiencia y serán las cortes de apelaciones las que llamarán a un concurso público cada año para un cargo que durará tres años, con posibilidad de repostular cumpliendo los requisitos.

Otro de los puntos es la eliminación de los notarios vitalicios y cambios al sistema de nombramientos.

Éste último se basará, según el documento, en la realización de concursos públicos con procesos basados en el mérito. Para que esto sea más transparente, será resuelto por un Consejo Resolutivo de Nombramientos, presidido por el Ministro de Justicia, e integrado por un decano de una Facultad de Derecho y por un miembro del Consejo de Alta Dirección Pública.