Nuevas críticas a los operativos de detención masiva generó una información entregada por el Poder Judicial, dada a conocer por el diario La Tercera, respecto a la poca efectividad de las rondas que ha encabezado durante las últimas semanas el Gobierno y en las que ha participado el propio Sebastián Píñera, tal como ocurrió el pasado viernes en La Pintana.

Ello, ya que según cifras de Carabineros, en la región Metropolitana se detuvo a 1.360 personas el pasado viernes, pero de ellas sólo 361 fueron derivadas a Tribunales Penales.

No obstante, el Ejecutivo salió a defender estas acciones y fue el ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien afirmó -primero- que el operativo comenzó el miércoles, pero no se dio a conocer para no perder el factor sorpresa.

Defensa gubernamental

Según Chadwick, quedaron bajo apercibimiento para ser citados ante la Justicia 217 personas, es decir, el 19,6 por ciento de los detenidos, mientras que 979 pasaron directamente a audiencia de control de detención, es decir el 72 por ciento de los detenidos.

Además, aseguró que se aplicó multas a 91 detenidos, es decir al 7,1 por ciento de ellos, mientras que pasaron directamente a la cárcel 15 personas, un 1,1 por ciento, es decir, por quebrantamiento de condenas.

Estamentos judiciales

Consultado respecto a si el sistema judicial no se verá sobrepasado por esta carga de trabajo, el fiscal nacional, Jorge Abbott, aseguró que no, pero advirtió que se necesita una mayor coordinación.

Una visión distinta tuvo el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, quien señaló que este tipo de medidas sí genera problemas en el sistema judicial, por la capacidad de las instalaciones y de personal humano.

En esa línea también, la diputada del PPD, miembro de la comisión de Seguridad de la Cámara, Andrea Parra, acusó pirotecnia de parte del Gobierno acusándolo de buscar golpes comunicacionales carentes de fondo.

El Gobierno finalmente aseguró que continuará con estas rondas masivas, enfocadas principalmente en comunas y poblaciones catalogadas como peligrosas, pese al cuestionamiento que generan, especialmente en los sectores de oposición y el Poder Judicial.