La nueva directora de Aldeas Infantiles SOS, Alejandra Riveros, dijo que es “urgente” que la Justicia implemente programas que permitan realizar un seguimiento permanente para evaluar la efectividad de sus resoluciones judiciales.

Añadió que muchas veces estas últimas no son las más adecuadas para aquellos niños en situación de vulnerabilidad.

Ademas, se refirió a las falencias del sistema en cuanto a los recursos destinados por el Estado a los niños, asegurando que éstos no llegan directamente a cada uno de ellos al ser distribuidos.

Esto último, señala, se daría especialmente en programas de administración directa del Estado.

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“Los tribunales de familia deben ir más allá de la dictación de una medida de protección”, opinó la directora de la organización sin fines de lucro que colabora con el Servicio Nacional de Menores (Sename), acotando que “una vez dictado los fallos, no hay un control de eficacia”.

“Es decir, si se cumplió el objetivo, primero, (de) proteger al niño o niña, interrumpiendo una vulneración de derechos que afecta su integridad física o psíquica, y luego de restituir, específicamente, su derecho a vivir en familia”.

Aquello, dijo, “nunca se había planteado y hoy se está reflexionando sobre eso” y aseguró que es necesario generar “un autoacordado que obligue a los tribunales a ir más allá de la dictación de la medida en beneficio de los niños, evitando que recurrentemente se atente contra sus derechos de vivir en familia”.

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La abogada, quien es además la primera mujer en asumir el liderazgo de la organización, se refirió también al sistema que distribuye dinero desde el Estado a los niños, cuestionando cuántos de estos realmente llegan a ellos, acusando que un porcentaje se destina a otras necesidades administrativas, como -por ejemplo- el pago de licencias médicas de funcionarios.

Instó entonces a monitorear este proceso y los estándares de calidad que se van a garantizar con esos recursos, “cosa que hoy el Estado no asegura”.