El Gobierno ingresó sin urgencia el esperado proyecto de Ley Araucanía, que entregará un trato especial a la región para superar los altos índices de desigualdad y pobreza, de modo de reparar a las víctimas de violencia rural.
La Sala de la Cámara de Diputados dio cuenta del ingreso del proyecto, que está firmado por la presidenta Michelle Bachelet y varios de sus ministros, cuyas carteras son las principales encargadas de financiar la iniciativa.
La presentación tomó por sorpresa a varios parlamentarios de la zona aludida, que hace más de un año sostuvieron reuniones con el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, para consensuar la normativa, que pone énfasis en el fomento productivo de la zona.
El senador RN, José García Ruminot, quien lideró las conversaciones con el Ministerio del Interior, valoró la decisión de Aluey de abrirse a ciertos criterios solicitados por los legisladores de La Araucanía.
Si bien el diputado de la Democracia Cristiana, Fuad Chahin, reconoció ciertas debilidades del proyecto, señaló que puede ser perfeccionado en la discusión legislativa del Congreso.
Mucho más crítico se mostró el senador del PPD, Eugenio Tuma, quien lamentó que el Gobierno no considere recursos frescos, sobre todo para el funcionamiento del anunciado Instituto de Cooperativas Campesinas.
La Ley Araucanía, que fue presentada por el Ejecutivo como Plan Especial de Inversiones para el Desarrollo Regional y Territorial de La Araucanía, ingresó sin urgencia y sin consulta indígena, como solicitaban parlamentarios oficialistas.
Además, la iniciativa no aborda los derechos políticos hacia el mundo indígena, y activa subsidios habitacionales, de fomento productivo, desarrollo de cooperativas campesinas, agua potable rural, entre otras medidas.
