El supuesto uso por las autoridades húngaras del programa Pegasus para espiar a periodistas y políticos críticos es una muestra de la “tiranía” y el Estado policial que ha creado en el país el primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán, denunciaron hoy varios partidos opositores.

“Hay que defender a los húngaros de la tiranía de Orbán”, aseguró Klára Dobrev, precandidata de la izquierdista Coalición Democrática para las elecciones generales de 2022, quien pidió que la Unión Europea analice el caso.

El presidente del partido liberal Momentum, András Fekete-Györ, dijo, por su parte, que Orbán “está montando un Estado policial”, mientras que el alcalde progresista de Budapest, Gergely Karácsony, afirmó que el primer ministro “trae vergüenza al país y se encuentra en el grupo de dictaduras que se oponen a la libertad y el honor”.

El escándalo Pegasus

El pasado domingo varios medios de comunicación internacionales, entre ellos el húngaro Direkt36, publicaron que varios Estados habían usado el software espía Pegasus, de la empresa israelí NSO Group, para espiar los teléfonos móviles de periodistas, defensores de derechos humanos y políticos opositores.

En el caso de Hungría, además de varios periodistas, se han ido revelando los nombres de otros afectados, como el del presidente de la Federación de Ayuntamientos, György Gémesi, o del del Colegio de Abogados, János Bánáti.

En los móviles de todos los afectados se han encontrado señales que indican que podrían haber sido infiltrados.

Hungría es el único país de la Unión Europea acusado de usar el programa para vigilar a periodistas y opositores.

Desmentido del gobierno

El jefe de prensa internacional del Gobierno, Zoltán Kovács, aseguró hoy por su parte que las acusaciones no tienen fundamento e insistió en que no ha habido espionaje ilegal.

Aunque ni confirmó ni desmintió que Hungría haya adquirido ese programa, sí dijo que el país debe ser capaz de defenderse contra ataques de servicios secretos extranjeros o de “acciones que pretendan socavar el orden constitucional”.

“Las acusaciones son contra Hungría y contra el Gobierno del primer ministro Orbán, así que los medios de comunicación se lo tragan (el escándalo) sin preguntar y siguen al rebaño”, afirmó.