Un ex primer ministro, una firma financiera opaca y miles de millones gastados para combatir la pandemia. Una cascada de revelaciones desde la quiebra del grupo financiero Greensill Capital puso de manifiesto peligrosos vínculos entre políticos británicos y círculos empresariales.

Greensill puede convertirse en el mayor escándalo desde hace años en el panorama político del Reino Unido.

Westminster, el barrio de Londres donde se encuentran gobierno, ministerios y parlamento, no había visto tanta agitación desde un escándalo en 2009 por los gastos rembolsados a los diputados, que alimentó la desconfianza en las élites políticas unos años antes del referéndum sobre el Brexit.

“Cada día que pasa aporta pruebas del comportamiento inmoral de este gobierno conservador”, lanzó el miércoles en el parlamento el líder de la oposición, el laborista Keir Starmer, al primer ministro Boris Johnson.

En el ojo del huracán está el ex primer ministro David Cameron, también conservador y artífice del referéndum sobre el Brexit, que dimitió en 2016 tras el voto a favor de abandonar la Unión Europea y se convirtió en asesor de Greensill Capital.

Pero esta compañía financiera, especializada en préstamos a corto plazo a las empresas, quebró el mes pasado, lastrada por acuerdos financieros arriesgados y poco transparentes.

Y su colapso amenaza ahora el futuro de su principal cliente, el imperio siderúrgico del multimillonario Sanjeev Gupta, GFG Alliance.

Johnson ordenó esta semana una investigación independiente sobre el cabildeo que Cameron ejerció sobre su ejecutivo, especialmente al ministro de Finanzas, Rishi Sunak, para beneficiar a Greensill.

“Comparto la preocupación generalizada sobre algunos aspectos de lo que estamos leyendo en este momento”, respondió Johnson a Starmer.

La controversia se disparó además en una semana supuestamente de tregua política por el luto nacional a raíz de la muerte el viernes del príncipe Felipe, de 99 años, marido de la reina Isabel II.

También plantea dudas sobre la confianza en un gobierno que está gastando a manos llenas para mantener la economía a flote frente a la crisis sanitaria.

Dominic Grieve, ex ministro de Cameron, consideró “muy destructivo” para la confianza en la clase política ver a ex altos cargos contratados en puestos de relaciones públicas o cabildeo.

“Creo que la opinión pública es cada vez más cínica con respecto a la forma en que se comportan los políticos, a las acusaciones de corrupción y nepotismo en el gobierno y a la percepción de que se toman muchos atajos privados”, dijo a la televisión Channel 4.

El año pasado, al inicio de la pandemia, muchas empresas utilizaron la puerta trasera del gobierno para obtener contratos sin licitación, incluso en el suministro de equipos sanitarios.

El gobierno ha justificado siempre que tuvo que actuar con rapidez y ha defendido que no se cometió ninguna infracción.

¿Se libra Boris Johnson?

Pero el escándalo Greensill parece ser de otra naturaleza, y no sólo implica a Cameron, sino también a altos funcionarios.

Nuevas revelaciones, que aparecen gota a gota desde hace días, mostraron que uno de ellos, encargado de las compras del gobierno, fue asesor de Greensill incluso antes de dejar la administración pública.

Por su parte Cameron reconoció que cometió errores y aseguró que cooperará con la investigación lanzada por el ejecutivo.

Pero el Partido Laborista está impulsando una investigación parlamentaria, con poderes legales, en un momento especialmente delicado cuando se acercan las elecciones municipales y regionales del 6 de mayo en el Reino Unido, primera prueba electoral para los conservadores de Johnson desde que el país salió completa y definitivamente de la UE el pasado 1 de enero.

Las encuestas sugieren que los conservadores se beneficiarán del éxito de la campaña de vacunación contra el covid-19.

De momento, el escándalo Greensill no ha salpicado al primer ministro, acostumbrado a enfrentarse a las críticas, dijo a la Agence France-Presse Hannah White, del centro de investigación política Institute for Government.

Pero, en su opinión, “existe un riesgo real de que la confianza se erosione en estos tiempos de crisis”.