La justicia italiana solicitó el embargo del barco humanitario “Aquarius” acusado de tratamiento ilegal de residuos peligrosos, un nuevo golpe para las organizaciones que rescatan migrantes en el mar.

La organización Médicos Sin Fronteras (MSF), que fleta el “Aquarius” desde el 2016 junto la organización humanitaria SOS Mediterráneo, denunció “una medida desproporcionada e instrumental, destinada a criminalizar por enésima vez la acción médico-humanitaria en el mar”.

En una conferencia de prensa, MSF anunció que presentará recurso y recalcó que durante estos años no han recibido ninguna amonestación o alerta sobre las basuras por parte de las autoridades.

“Nosotros trabajamos en países donde azota el virus de ébola y de cólera. Acusarnos de ser irresponsables con ello es simplemente ridículo”
, lamentó Marco Bertotto, representante de MSF en Italia.

Desde 2014 las organizaciones han rescatado a más de 120.000 migrantes frente a las costas de Libia. Pese a ello han sido blanco de interminables ataques políticos, tanto de la izquierda como la derecha, que han tratado de impedirles su labor con medidas judiciales y administrativas.

Por eso varias organizaciones suspendieron sus actividades o trabajan en otras zonas del mundo, mientras sus barcos permanecen meses bloqueados en puertos de Italia o Malta.

Desde principios de octubre el “Aquarius” está en Marsella (Francia), sin una bandera que le permita navegar después de que le retiraran las de Gibraltar y Panamá.

“No hemos recibido ninguna solicitud oficial sobre Aquarius”, aseguró a la AFP, el fiscal de Marsella, Xavier Tarabeux.

“He hecho bien en bloquear la entrada de los barcos de las organizaciones a los puertos de Italia”, aseguró tras conocer la noticia el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, emblema de la política de mano dura contra la inmigración.

“Detuve no solo el tráfico de inmigrantes ilegales sino también de desechos tóxicos”, comentó.

Según la fiscalía de Catania (Sicilia) en 44 ocasiones hubo un tratamiento ilegal de residuos por un total de 24.000 kilos de desechos.

La justicia ordenó también el embargo de las cuentas bancarias de MSF por un total de 460.000 euros, el monto por no haber eliminado correctamente los residuos, incluyendo ropa de los migrantes, restos de comida y residuos sanitarios.

Víctimas de campañas de difamación

Entre los investigados se encuentran dos agentes marítimos, Gianino Francesco y Romeo Giovanni Ivan así como personal de las organizaciones que se encargaba de la gestión de las misiones de rescate.

“Todas nuestras operaciones en puerto, incluida la gestión de residuos, siempre han seguido procedimientos estándar
. Las autoridades competentes no cuestionaron los procesos ni identificaron riesgos para la sanidad pública desde que lanzamos nuestra actividades en el mar”, precisó MSF en un comunicado.

“Confirmamos que siempre hemos actuado en la más total legalidad”, reiteró la entidad.

“El único crimen que hoy vemos en el Mediterráneo es el desmantelamiento total del sistema de búsqueda y rescate”,
aseguró Gabriele Eminente, director general de la entidad humanitaria en Italia, denunciando “dos años de campañas de difamación” contra las organizaciones.

Gracias a una serie de controvertidos acuerdos con Libia pactados por el precedente gobierno de centro-izquierda en Italia y a la política de puertos cerrados que aplica Salvini desde junio, Italia ha visto reducir notablemente el número de llegadas a sus costas.

Este año registró 22.500 llegadas a sus costas, una disminución de más del 80% en comparación con años anteriores.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la ausencia de socorro en el mar ha convertido el Mediterráneo en un cementerio y se calcula que sólo en este año han perdido la vida intentado cruzarlo unos 1.267 inmigrantes.