El Gobierno de Donald Trump defendió nuevamente el ataque que Estados Unidos ejecutó el martes contra una lancha que presuntamente había zarpado cargada con drogas desde Venezuela.
La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, dijo a EFE que el ataque “fue realizado contra las operaciones de una organización designada como terrorista y en defensa de intereses nacionales de EEUU y por la autodefensa colectiva de otras naciones que han sufrido durante mucho tiempo debido al tráfico de narcóticos y las actividades violentas de carteles”.
A su vez, dijo que la operación “fue consistente con las leyes de un conflicto armado (…) de una manera que minimiza el riesgo al personal estadounidense y no requirió el uso de fuerzas sobre el terreno”.
Trump, quien indicó que once personas murieron tras el ataque, señaló el miércoles que los narcotraficantes “obviamente no lo volverán a hacer. Y creo que muchas otras personas tampoco lo harán (traficar drogas)”.
“Cuando vean ese video, van a decir: ‘Mejor no hagamos esto””, agregó en la Casa Blanca durante una recepción al recién investido presidente de Polonia, Karol Nawrocki. Esto, pese a que desde el régimen de Nicolás Maduro aseguran que las imágenes compartidas por Trump fueron hechas con inteligencia artificial.
Este inesperado ataque pone en la palestra las verdaderas intenciones del magnate republicano, quien dirige los destinos de la nación más poderosa del mundo. ¿Efectivamente fue un golpe al narcotráfico procedente de Venezuela? ¿O más bien es un mensaje a la región?
“El ataque en aguas internacionales de EEUU a una embarcación presuntamente venezolana, porque no tenemos la evidencia de si efectivamente tenía esta nacionalidad o bandera, plantea evidentemente implicancias graves en el plano jurídico, político, diplomático e incluso militar”, mencionó a BioBioChile Eduardo Hodge, doctor en relaciones internacionales y director de la Escuela de Humanidades de la Universidad Gabriela Mistral.
“En primer lugar, porque supone una posible vulneración del derecho internacional. Como sabemos, las aguas internacionales no otorgan jurisdicción exhaustiva a ningún estado. Y el uso de la fuerza letal en este espacio podría incluso configurarse como un acto de agresión o un crimen de derecho internacional”, agregó.
En ese sentido, el experto recalcó que solo un país de la “envergadura, naturaleza y poder” de EEUU podría perfectamente hacerlo sin que tenga implicancias. “Pero al menos desde el punto de vista jurídico, sí las tiene”, mencionó.
A su vez, Hodge remarcó que el hecho de que la embarcación fuera identificada con bandera venezolana, le añade un componente de tensión bilateral que puede escalar en la región.
“Se pueden reavivar disputas, por ejemplo, entre Washington y Caracas que han tenido lugar durante bastante tiempo, y por qué no decirlo, también con Colombia, con el presidente Gustavo Petro a la cabeza. También, de alguna forma, podría afectar la estabilidad de Latinoamérica”, sostuvo.
Por lo mismo, añadió, la presencia de EEUU podría ser vista como un factor estabilizador, “aunque la verdad es que también podría desencadenar un marco o una tendencia desestabilizadora”.
El académico explicó que desde una perspectiva ética o humanitaria, “si es que existe en el plano internacional, por cierto, la muerte de civiles en un contexto no bélico expone a EEUU a cuestionamientos sobre proporcionalidad, transparencia y responsabilidad, debilitando su imagen internacional y poniendo en entredicho el respeto de las normas que regulan la convivencia global y en la que EEUU tiene un carácter bastante vanguardista”.
“Efectivamente el ataque contra la embarcación presuntamente venezolana podría interpretarse como una señal política y militar de la administración de Trump hacia el régimen de Maduro, enmarcada en su narrativa de mano dura que hemos escuchado durante el último tiempo contra el narcotráfico y en particular contra el denominado Cartel de los Soles”, dijo.
“Como sabemos, este cartel se ha vinculado sistemáticamente a altos mandos militares venezolanos y por tanto, una señal militar a este grupo es bastante sintomática, por decirlo así”, planteó.
En conversación con la BBC, Luke Moffett, profesor de la Queens University de Belfast, experto en reparaciones, derechos humanos y derecho internacional humanitario, sostuvo que “se puede utilizar la fuerza para detener una embarcación, pero generalmente deben emplearse medidas no letales”.
Pese a que EEUU no es signatario de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el Departamento de Defensa estadounidense ha mencionado anteriormente que Washington debería “actuar de manera coherente con sus disposiciones”.
Moffett agregó que el uso de la fuerza podría constituir una “ejecución arbitraria extrajudicial” y “una violación fundamental de los derechos humanos” de las once personas que murieron tras el ataque.
Y aunque la Carta de las Naciones Unidas establece la prohibición del uso de la fuerza entre Estados, esta prohibición tiene excepciones, que incluyen la legítima defensa.
El citado medio consignó que EEUU podría argumentar que la operación fue en defensa de la seguridad nacional, al atacar una lancha presuntamente operada por una organización que califica como “terrorista”, como el Tren de Aragua.
Hodge precisó que más allá de la justificación oficial, el hecho de emplear fuerza letal en aguas internacionales “transmite un mensaje de poder y disposición a escalar la confrontación, sugiriendo que el país norteamericano no se limitará a sanciones o presiones diplomáticas contra el país sudamericano sino que está dispuesto a actuar de manera directa contra lo que se percibe como una amenaza transnacional”.
“Este gesto, por tanto, no solo busca disuadir a Maduro y a su círculo cercano, sino también reafirmar la capacidad de EEUU para ejercer control e influencia en la región”, comentó.
“No nos olvidemos que EEUU sigue siendo el país más poderoso de la región y del mundo, y por lo tanto tiene el poder suficiente para determinar lo que estime conveniente en el escenario internacional, aunque, como sabemos, con el riesgo de generar tensiones diplomáticas y ser cuestionado en foros internacionales por la legalidad de sus acciones, como lo ha sido durante los últimos años”, concluyó.
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