“Estados Unidos condena fuertemente la actual violencia en Nicaragua y los abusos a los Derechos Humanos cometidos por el régimen de Ortega en respuesta a las protestas”.

De esta manera, durante la mañana de este lunes, la Casa Blanca endosó la responsabilidad de la actual situación por la que atraviesa Nicaragua al presidente Daniel Ortega y a su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo.

En un comunicado oficial emitido por el gobierno de Donald Trump, su administración aseguró que las manifestaciones contra la figura de Ortega son fruto de “años de elecciones fraudulentas y la manipulación por parte de su régimen de la Ley nicaragüense, como también de la represión a la sociedad civil, partidos de oposición y medios de comunicación independientes”.

Debido a lo anterior, “el pueblo nicaragüense ha salido a la calle para pedir reformas democráticas”, violencia que ha dejado cerca de 350 muertos, cientos de heridos, detenidos y decenas de acusados de buscar derrocar a Ortega, quien actualmente sirve su tercer mandato, se niega a dejar el mando y también a adelantar elecciones.

Para la Casa Blanca, entonces, Ortega y Murillo son, finalmente, “responsables de los grupos paramilitares progobierno que han “maltratado a su propia gente”.

De esta manera, Estados Unidos entregó su apoyo a la Iglesia Católica, institución que vela por el diálogo en este país centroamericano, al igual que a ciertos militantes del partido Sandinista, quienes, a su juicio, “están pidiendo reformas democráticas y el fin de la violencia”.

La administración de Trump anunció que, a forma de sanción, designó a tres oficiales bajo la Ley Global Magnitsky, con la cual espera demostrar que sindicará como responsables de todo acto represivo, de violencia o abusos al presidente Ortega o a autoridades de su gestión.

“Esto es un comienzo, no el fin, de posibles (nuevas) sanciones”, añadieron en el comunicado desde el ejecutivo norteamericano.

De momento, Estados Unidos retiró los automóviles enviados a Nicaragua para apoyar labores policiales y “cortó las ventas y donaciones de equipamiento que las fuerzas de seguridad de Ortega podrían mal usar”, aunque sí confirmó que entregará 1,5 millones de dólares para “continuar apoyando la libertad y la democracia”.

“Estados Unidos continuará monitoreando la situación en Nicaragua de manera cercana y trabajará con la comunidad internacional para que aquellos que sean responsables de la violencia respondan”, finalizó el escrito.