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Las medidas de Gobierno espa√Īol para frenar la autonom√≠a de Catalu√Īa
Publicado por: Catalina Díaz La información es de: Agence France-Presse
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El gobierno espa√Īol de Mariano Rajoy detall√≥ este s√°bado las medidas que someter√° al Senado para intervenir la autonom√≠a catalana, y que incluyen la puesta bajo tutela de la polic√≠a, los medios de comunicaci√≥n y el Parlamento regionales.

Las medidas han sido acordadas en consejo de ministros al amparo del artículo 155 de la Constitución, para atajar el desafío separatista del ejecutivo nacionalista catalán.

Ser√°n presentadas en principio el 27 de octubre al Senado espa√Īol, donde el Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy tiene mayor√≠a absoluta:

Gobierno catal√°n

El gobierno de Rajoy pide al Senado el cese de la totalidad del gobierno regional catal√°n, que tiene como presidente a Carles Puigdemont y como vicepresidente a Oriol Junqueras.

Sus funciones quedar√°n en manos de “los √≥rganos o autoridades que cree a tal efecto o designe el gobierno de la naci√≥n”. Rajoy dijo a la prensa que “en principio”, la idea es que los ministerios de su gobierno asuman dichas funciones el tiempo que dure “esta situaci√≥n excepcional“.

Igualmente, se pide que Rajoy tenga potestad para disolver el Parlamento catal√°n y convocar elecciones “en el plazo m√°ximo de seis meses desde la aprobaci√≥n por el Senado”. Actualmente, dicha competencia le corresponde a Puigdemont como presidente de la Generalitat.

M√°s all√° del gobierno catal√°n, el ejecutivo de Rajoy pide poder proceder a nombramientos, ceses y sustituciones temporales en todos los organismos y entidades dependientes de la Generalitat.

Policía catalana

Catalu√Īa cuenta con su propia fuerza de polic√≠a, los Mossos d’Esquadra, que en condiciones normales dependen exclusivamente del consejero regional de Interior. S√≥lo en caso de operativos desplegados por motivos de especial gravedad pueden depender del Estado.

El ejecutivo de Rajoy pide sin embargo ahora “dictar instrucciones directas y de obligado cumplimiento” a los alrededor de 16.000 agentes con que cuentan los Mossos.

Incluso, “en el caso de que sea necesario”, los miembros de la polic√≠a catalana “ser√°n sustituidos por efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”, esto es, la Polic√≠a Nacional y la Guardia Civil.

Telecomunicaciones y medios

Rajoy pide igualmente asumir “las funciones de la Generalitat de Catalu√Īa relativas a las telecomunicaciones y a los servicios digitales”.

Esto implica el control del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CCTI), el órgano que coordina y planifica los sistemas y servicios informáticos desplegados por el gobierno regional.

Del lado de los medios de comunicaci√≥n, la televisi√≥n y la radio p√ļblicas (TV3 y Catalunya R√†dio) quedan bajo control del gobierno central, como cualquier otro ente dependiente de la Generalitat.

Dicho control permitir√° a Rajoy proceder a ceses y nombramientos en dichos medios, e incluso influir en su contenido. El texto acordado en consejo de ministros dice que en los medios p√ļblicos catalanes se “garantizar√° la transmisi√≥n de una informaci√≥n veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo pol√≠tico, social y cultural”.

Sindicatos de periodistas de TV3 han criticado el sesgo independentista de la cadena, al igual que sindicatos de Televisi√≥n Espa√Īola (TVE) se han quejado de lo que consideran un sesgo oficialista en la cobertura de la crisis catalana.

Parlamento

El gobierno de Rajoy pide tambi√©n poner bajo su completa tutela la actividad del Parlamento catal√°n, donde los independentistas tienen actualmente una mayor√≠a de 72 esca√Īos sobre un total de 135.

A comienzos de septiembre, estos legisladores hicieron aprobar la ley que permitía el referéndum de autodeterminación prohibido del 1 de octubre, y que esta semana fue anulada por el Tribunal Constitucional.

El texto que se someter√° al Senado establece que la c√°mara catalana “no podr√° tramitar iniciativas que resulten contrarias a las presentes medidas“.

Para asegurarse de ello, el gobierno central designará una autoridad que, de manera sistemática, tendrá 30 días para dictaminar si un texto en trámite es conforme o no a las medidas de intervención de la autonomía regional.

Dicho control se extiende a todas las proposiciones de ley que se presenten.

Igualmente, una vez cesado Puigdemont, la c√°mara no podr√° celebrar ning√ļn debate ni votaci√≥n de investidura de un sucesor al cargo.

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