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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El gobierno de Javier Milei en Argentina continúa flexibilizando las normativas sobre armas de fuego, permitiendo la compra de fusiles semiautomáticos de "uso civil condicional". Esta medida reemplaza una antigua prohibición y establece requisitos estrictos para la adquisición, enfocados en la justificación deportiva y trazabilidad del arma. A pesar de las críticas de grupos opositores y organizaciones de desarme, el gobierno defiende estas medidas argumentando que aumentar el acceso legal a armas no incrementa la delincuencia.

El presidente de Argentina derogó una normativa de la década del 90, que se une a una seguidilla de medidas para reducir la burocracia en cuanto a la tenencia de armas de fuego. Sus declaraciones ya anticiparon que está a favor de la portación civil.

En contraste a gestiones anteriores, el gobierno de Javier Milei sigue sumando flexibilizaciones hacia la liberalización del uso y la tenencia de armas de fuego para la población argentina, aunque aun lejos de la habilitación y venta libre tan célebre en países como Estados Unidos.

En el Boletín Oficial del pasado 4 de noviembre, la administración libertaria publicó la resolución N.º 37/2025, que dio luz verde a la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos de “uso civil condicional”, reemplazando así una vieja normativa prohibitiva. Vale subrayar que la medida no afecta a la portación de armas, es decir, cuando está permitido llevar el arma cargada y lista para usar en un lugar público (fuerzas de seguridad).

De acuerdo a lo autorizado por el Registro Nacional de Armas (Renar), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, los legítimos usuarios y las entidades de tiro podrán adquirir y poseer armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon, como fusiles o subametralladoras de asalto derivados de modelos militares y de calibre superior al .22 LR.

Aquí viene una importante aclaración: se exigirá cumplimiento de requisitos que dan lugar a un sistema de control más preciso y enfocado en la justificación deportiva y la trazabilidad. Por ejemplo, la identificación detallada del arma con indicación de su tipo, marca, modelo, calibre, CUIM si lo tuviera, y numeración de serie, la posesión de un Sector de Guarda tipo G2 registrado, la presentación de una declaración jurada con fundamentos de la solicitud, documentación probatoria y fotografías del material, y el pago de la tasa correspondiente.

Se trata de una segunda medida que complementa lo ya dispuesto por el decreto presidencial N° 397/2025, conocido en julio último, que quitó la prohibición vigente desde 1995, época en la que era presidente Carlos Menem.

Como en cada cambio de Milei, no tardaron en aparecer voces críticas desde el ala opositora. Así, Martín Angerosa, cofundador de la Red Argentina para el Desarme, declaró en la radio AM 750 que “el plan es liberar la portación de armas”.

Además, advirtió que “el primer efecto que produce es que las armas que antes las organizaciones (criminales) tenían que ir a buscar a los cuarteles, ahora las van a buscar a la casa de civiles”.

En Argentina, la regulación sobre armas de fuego se encuentra vigente desde 1973, bajo la Ley Nacional de Armas y Explosivos (N° 20.429). Establece las distintas categorías permitidas para uso civil, siempre con las licencias correspondientes, y marca un límite claro: las armas automáticas están terminantemente prohibidas.

La formación exigida a los usuarios es específica según el tipo de arma, ya que no se manipula igual un revólver, una pistola semiautomática o una escopeta, y toda práctica de tiro debe realizarse exclusivamente en polígonos o espacios debidamente habilitados.

Organizaciones como la Red Argentina para el Desarme y la Asociación para Políticas Públicas vienen alertando sobre los riesgos de un relajamiento en los controles, que se traduce en un acceso legal sin verificación suficiente, un debilitamiento de las políticas preventivas y el peligro de que el mercado formal termine alimentando al circuito ilegal.

De acuerdo con los registros oficiales, existen en Argentina más de 919.000 personas con Credencial de Legítimo Usuario (CLU) activa, documento que habilita a comprar, registrar y poseer armas en el país trasandino. Sin embargo, más del 65% tiene la credencial vencida. El perfil predominante es claro: varones de entre 31 y 60 años, con una relación de 20 hombres por cada mujer usuaria.

Las estadísticas más recientes confirman un repunte en la tenencia y portación. En 2024 se aprobaron más de 76.000 tenencias.

En 2022, cuando Milei aún era legislador por la Ciudad de Buenos Aires, había asegurado en el canal TN: “Estoy a favor de la libre portación de armas”. El contexto era sensible por el tiroteo en una escuela de Texas con 19 niños asesinados.

“Como adherente a la teoría y a la evidencia empírica, cuando vos a una actividad le bajás el costo y aumenta el beneficio, esa actividad se expande. Cuando prohibís el uso de armas, los delincuentes por más que lo prohíbas, las usan igual. Aumentan los beneficios esperados y aumenta la delincuencia. Estoy a favor de la portación libre de armas”, explicó el hoy presidente de Argentina.

Más flexibilizaciones de política de armas durante el gobierno de Milei

En diciembre de 2024 se conoció la primera flexibilización de la nueva política a favor del armamento civil. Mediante el decreto N° 1.081/2024 se redujo a 18 años la edad mínima para tramitar la CLU (era de 21), siempre y cuando se apruebe un examen psicofísico, se acredite idoneidad en el manejo de armas y no haya antecedentes penales.

“A los 16 años (los jóvenes) tienen derecho a votar. A los 18 años pueden ir a la guerra, formar una familia o ser miembros de una fuerza de seguridad. Y, aunque parezca increíble, a cualquier edad pueden elegir un cambio de sexo que los marcará de por vida. Entonces, ¿por qué a los 18 años no podrían ser legítimos usuarios o portadores de un arma?”, dijo entonces la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

A los pocos meses, en mayo de 2025, llegó el cambio más significativo con la aparición de la llamada “tenencia exprés”. Básicamente, el gobierno argentino lanzó un nuevo sistema digital para agilizar los trámites de la CLU mediante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) y recibir el permiso para armas de fuego compradas en armerías. El valor de la tasa por la tenencia exprés ronda los 20.000 pesos argentinos (unos 30.000 chilenos).

En julio, el Gobierno reemplazó la Anmac por el ya mencionado Registro Nacional de Armas (Renar), bajo el control de Bullrich y encargado de las funciones de control y fiscalización sobre armas y explosivos. También se eliminó el Fondo de Promoción de Políticas de Prevención de la Violencia Armada (FPVA).

De acuerdo a la Red Argentina para el Desarme, “la desregulación de hecho del mercado de las armas de fuego es la antesala de una sociedad más violenta. ¿A quién le sirve la desregulación del mercado de armas?”.

“Paradójicamente, el propio Gobierno celebró que Argentina haya sido en 2024 el país con menor tasa de homicidios de Sudamérica. Pero ahora desmantela uno de los pilares que hizo posible ese logro: una política estatal restrictiva en materia de armas de fuego”, denunció.