Más de 20 mil millones de pesos debería pagar el fisco en el hipotético caso que decidiera expropiar terrenos de otros tres macro-campamentos a lo largo del país, según una revisión de la Unidad de Investigación de Bío Bío. El ejercicio considera como valor de referencia, en dos de los tres casos, el precio aproximado de 0,25 Unidades de Fomento (UF) por metro cuadrado (m2) que se pagará por una parte de la denominada mega-toma de San Antonio.
De acuerdo con el Decreto Exento 88 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), en esta oportunidad, se terminarán expropiando tres paños que suman 1.105.953 m2. Se calcula que por esas 110 hectáreas el fisco desembolsará en total casi $11 mil millones de pesos. El dinero saldrá del Presupuesto 2024, concretamente de proyectos habitacionales no ejecutados en comunas del sur del país.
De entrada, el Minvu justifica la decisión asegurando que “durante seis meses, el Minvu trabajó en una mesa técnica junto a los abogados de los propietarios y representantes municipales, evaluando alternativas de precio y condiciones de compra, sin lograr un acuerdo. Ante el desalojo decretado por los tribunales y la falta de terrenos aptos para un traslado, el Ministerio se vio obligado a buscar una solución que protegiera a las familias y evitara una crisis de mayor envergadura”.
Se trata de una decisión arriesgada y vista por algunos como un “incentivo” a la toma de terrenos, considerando, precisamente, la gran proliferación de esta forma para conseguir un lugar para vivir. “Existe ese riesgo (…) se instala una señal muy fuerte”, advierten desde la oficina de urbanismo Atisba.
Sin ir más lejos, en el el estudio sobre Factibilidad Técnica de Radicación de Campamentos en Chile, la fundación Techo plantea que, pese a que el fenómeno de la “campamentación” en nuestro país no es nueva, desde un tiempo a esta parte han ido en aumento como alternativa a la falta de lugares para vivir y otros factores.
“Los campamentos han experimentado un aumento significativo durante los últimos años, específicamente a partir del año 2019 o 2020, ya sea por organizaciones que tienen como objetivo principal tener una vivienda adecuada y digna, o por la necesidad de disminuir los costos asociados a la mantención familiar, debido al aumento del costo de los arriendos o el encarecimiento de la vivienda en propiedad y el precio del suelo”, sostiene el informe de la ONG.
Alto Molle y la orden de desalojo
Pero la de San Antonio no es la única “mega-toma” de nuestro país. De hecho, datos de Atisba —que desde 2019 viene monitoreando este tipo de asentamientos— indican que la emplazada en el cerro Centinela ocupa el quinto lugar entre los macro-campamentos más grandes del país.
Entre los primeros lugares figura la toma Alto Molle de Alto Hospicio, en la región de Tarapacá. En total, en este macro-campamento habitan casi 20 mil personas distribuidas en unas 4.700 viviendas. El terreno ocupado alcanza las 130 hectáreas, de las cuales —al menos 18— corresponden a suelos privados.
Así lo confirmó en julio de este año la Corte Suprema, cuando revocó un fallo de la Corte de Apelaciones de Iquique y resolvió acoger un recurso de protección interpuesto por la Sociedad Educacional Inmobiliaria Comercial e Inversiones Belén Limitada, dueña del paño.
El máximo tribunal revirtió lo resuelto en primera instancia, argumentando que el asentamiento irregular se había conformado sin consentimiento de la dueña, afectando gravemente su derecho de dominio e igualdad ante la ley. Haciendo un llamado a respetar las garantías fundamentales de las personas, se ordenó a los ocupantes del Lote Z Dos —propiedad de la mentada empresa— hacer abandono del inmueble en un plazo máximo de seis meses.
¿El problema? En enero vence el periodo dado por la Suprema a los habitantes y por ahora parece no haber novedades. En una teórica expropiación de las 18 hectáreas con el objetivo de evitar el desalojo, el fisco —usando los valores de la expropiación en San Antonio como referencia— debería pagar unos $1.800 millones.
En total, sumando las 18 hectáreas de privados y el resto, el macro-campamento ubicado al sur de Alto Hospicio está conformado —según datos levantados por Techo Chile en su último Catastro Nacional de Campamentos 2024-2025— por unas 4.500 familias.
En este caso, de los casi 20 mil habitantes, 3.000 son niños, niñas o adolescentes menores de 14 años; 460 son adultos mayores y 262 personas en situación de discapacidad. Respecto a las nacionalidades de los ocupantes, Techo indicó que, además de connacionales, hay presencia de familias bolivianas, peruanas, colombianas, haitianas, venezolanas, ecuatorianas y dominicanas.
Copiapó y Cerrillos
Otro asentamiento precario de grandes dimensiones, emplazado también en el norte del país, es la toma Alto Andacollo de Copiapó, en la región de Atacama.
Se trata de un paño de casi 50 hectáreas ocupado actualmente por unas 13 mil personas dividas en cerca de 4 mil familias. La mayoría, de acuerdo con datos recabados por Techo Chile, llegó al lugar por le alto costo de los arriendos en la ciudad.
En este caso, en una potencial expropiación de la totalidad del terreno, el fisco podría llegar a desembolsar unos $5 mil millones, calculando en base al precio que pagará por el terreno de San Antonio.
Otro caso emblemático de mega-toma es la Nuevo Amanecer de Cerrillos, región Metropolitana. Habitada por unas 8 mil personas distribuidas en poco más de 2 mil familias, según el último catastro de Techo Chile, se trata de una ocupación irregular compuesta mayoritariamente por personas de nacionalidad haitiana. Aunque también hay presencia de familias peruanas, colombianas, bolivianas, ecuatorianas, venezolanas y dominicanas.
Según explican desde Techo, el macro-campamento comenzó a conformarse hacia fines de 2020 principalmente como consecuencia de la necesidad de independencia, dejar de vivir como allegado y el alto costo de los arriendos.
En este caso, de acuerdo con fuentes de BBCL Investiga, se trata de una ocupación que se extiende por unas 20 hectáreas. ¿Los dueños? En buena medida, las empresas Copec y Goodyear. De acuerdo con los mismos consultados, en el caso de Cerrillos el valor comercial promedio por metro cuadrado es superior al asignado a la toma de San Antonio.
Aproximadamente, el terreno tiene un valor estimado de 2,7UF por metro cuadrado. En ese caso, el valor de la hectárea sería aproximadamente de $700 millones, siete veces más caro que el paño del cerro Centinela. En total, una hipotética compra del terreno o expropiación debería rondar los $14 mil millones.
Toma más grande que ciudad
Otras de las tomas, en todo caso, están emplazados en terrenos fiscales. Es el caso del asentamiento Cuatro Palomas de la ciudad de Vallenar, región de Atacama. Mediciones en base a imágenes satelitales indican que su tamaño se encumbra por sobre las 900 hectáreas, muy por encima de las 750 hectáreas que tiene el radio urbano de la ciudad.
Es decir, la sumatoria de los terrenos tomados irregularmente superan en tamaño a la zona urbana de Vallenar.
“Estamos prácticamente ante la presencia de un nuevo Alto Hospicio (…) Se nos torna complejo responder a las distintas necesidades que se generan ahí”, dijo en mayo de este año a El Mercurio el alcalde, Víctor Isla.
En este caso, de acuerdo con el matutino, el Ministerio de Bienes Nacionales inició un catastro con el objetivo de conocer la realidad socio-económica y de habitabilidad de las más de 5 mil familias que residen allí.
“Situación excepcional”
Consultados por este medio, desde el Minvu hicieron hincapié en que la decisión de expropiar parte del terreno ocupado por la mega-toma de San Antonio no significa que esa vaya a ser la política del Ejecutivo para resolver estos conflictos.
“La situación de San Antonio es excepcional y no puede compararse con otras tomas de terreno en el país. Se trata de una ocupación de más de cuatro mil familias, por sobre las 10 mil personas -tres mil de ellos niños, niñas y adolescentes- donde un desalojo implicaría una crisis social y humanitaria”, destacan.
Eso, porque tras la ratificación del desalojo que hizo la Corte Suprema comenzaron a buscar, si éxito, terrenos en la zona que pudiesen servir para ofrecer una alternativa a las familias de la ocupación.
“No existe ningún paño de características similares que esté habilitado para recibir a las familias. Los terrenos que se aproximan en tamaño carecen de factibilidad sanitaria, por lo que se habría tratado simplemente de trasladar a la población desde un lugar no habilitado a otro igualmente no habilitado, algo que no corresponde ni técnica ni humanitariamente”, detallan.
En esa línea, afirman que de ninguna manera están promoviendo incentivos para nuevas tomas. Es más, sostienen que “el foco está en abordar el déficit habitacional de manera rápida y efectiva”, por lo que “se están implementando medidas como la extensión del Plan de Emergencia Habitacional, la revisión de las políticas de acceso a la vivienda y la generación de soluciones conjuntas entre familias, propietarios y el Estado, tal como se intentó en San Antonio”.
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Todo eso, indican, con el objetivo de garantizar un acceso digno a la vivienda en plazos razonables y sin validar ocupaciones ilegales.
Respecto a qué alternativas ofrecerán como ministerio a otros macro-campamentos del país, desde la cartera liderada por Carlos Montes explican que cuentan “con programas regulares, que atienden a miles de familias para que accedan a la vivienda”.
“También tiene un programa para campamentos, buscando la radicación o la re-ubicación de acuerdo a las condiciones particulares de cada uno de ellos. El criterio unificado a nivel nacional es que cada intervención debe priorizar soluciones habitacionales sostenibles, dentro del marco de la ley y asegurando que las familias accedan a viviendas dignas en plazos razonables, sin generar incentivos a nuevas ocupaciones ilegales”, acotan.
Los riesgos
Pese a que desde el Minvu descarten que la expropiación en San Antonio pueda considerarse un incentivo, desde Atisba aseguran que se trató de “una señal muy fuerte”.
En diálogo con esta Unidad de Investigación, la arquitecta y directora ejecutiva de la oficina de urbanismo, Caroline Iribarne, sostiene que la situación del cerro Centinela podría ser interpretada por las personas como una invitación a conformar mega-campamentos.
“El riesgo que incentive la toma de terrenos como vía de acceso rápido a la vivienda es real. Se instala una señal muy fuerte: tomarse un terreno que se consolide rápidamente en el tiempo y tenga un volumen grande de viviendas es muy difícil de desalojar. Luego tendrá que entrar el Estado a negociar y/o expropiar el terreno para consolidar la toma”, manifiesta.
Las claves de Techo Chile
Para la planificadora urbana y directora del Centro de Estudios de Techo Chile, Javiera Moncada Díaz, son varios los factores que han influido en el aumento sostenido de los campamentos en Chile: alto costo del arriendo, aumento de población migrante, largos tiempos de espera para acceder a vivienda por la vía formal y grupos que operan en los territorios administrando terrenos irregulares.
“Lo que ha ocurrido en los últimos años es que, ante el crecimiento sostenido de familias que no pueden acceder al mercado formal de la vivienda, los campamentos tienden a tenderse en superficie y densidad, incorporando nuevas etapas o sectores internos”, plantea la profesional.
La urbanista sostiene además, que “este fenómeno se concentra especialmente en el norte del país, donde existe mayor disponibilidad de suelo informal, lo que facilita que un mismo campamento se expanda hacia terrenos aledaños y termine agrupando a cientos o incluso miles de familias. Esta disponibilidad territorial, combinada con la presión por vivienda, explica la escala que alcanzan algunos de los macro-campamentos actuales”.
Sobre si lo ocurrido en San Antonio podría traducirse en un incentivo para la población que necesita de una vivienda, Moncada cree que no es tan probable.
“No es posible descartar completamente que un caso como la expropiación en San Antonio genere percepciones de incentivo, pero es importante precisar que llegar a vivir a un campamento es, en la mayoría de los casos, una medida desesperada. No acelera el acceso a la vivienda adecuada, no garantiza una solución habitacional y expone a las familias a condiciones de precariedad severa”, explica.
Por lo demás, añade, “un asentamiento de las dimensiones y características del de San Antonio requiere altos niveles de organización, recursos y logística, factores que están muy lejos de ser replicables de manera espontánea en otras zonas del país (…) Los incentivos no operan de forma tan mecánica como suele plantearse en el debate público”.
A su juicio, el mayor riesgo es otro. En base a su experiencia, manifiesta que “las expectativas que este caso puede generar entre las miles de familias que ya viven en campamentos”, porque “muchas podrían interpretar que una solución excepcional podría ser replicable en sus territorios, cuando en realidad se trata de una respuesta puntual, no generalizable ni sostenible a escala nacional”.
Desafíos para el próximo gobierno
Con el diagnóstico sobre la mesa, y en representación de Techo Chile, una fundación sin fines de lucro que por décadas a combatido la precariedad habitacional, Moncada le marca la hoja de ruta al próximo gobierno, apuntando a que para enfrentar la crisis habitacional y prevenir la expansión de nuevos asentamientos precarios se deben concentrar esfuerzos en dar una respuesta estructural, integral y territorialmente focalizada.
“Es indispensable avanzar hacia una gestión estratégica del suelo que permita anticipar y prevenir nuevas ocupaciones. Ello requiere fortalecer sistemas de alerta temprana, mejorar la administración del suelo fiscal y privado disponible y asegurar condiciones para un desarrollo urbano ordenado”, resalta.
Con todo, apunta a que la focalización territorial es clave, considerando que “solo nueve comunas del país concentran más de la mitad de las familias que viven en campamentos”. Lo que, en su experiencia, pone como evidencia “que las intervenciones deben priorizar los territorios donde la presión habitacional y los déficits acumulados son más severos”.
Por último, apunta a la necesidad de avanzar hacia un diseño de soluciones diferenciadas, poniendo como ejemplo la importancia de contar con “un catastro público que clasifique campamentos según vulnerabilidad de los hogares, condiciones del suelo, riesgos socioambientales y características urbanas permitiría definir rutas específicas: radicación y urbanización, cuando el terreno es apto; barrios transitorios o proyectos de relocalización, cuando no lo es, o erradicación en casos de riesgo alto”.
“La experiencia reciente demuestra que un modelo único no responde a la heterogeneidad del fenómeno”, puntualiza.
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