Víctima perdió todos sus ahorros: prisión preventiva para exejecutivo de Principal acusado de estafa

Perdió $256 millones de pesos –equivalentes a la totalidad de los ahorros de su vida– y hoy no puede viajar a ver a su madre y a sus hijos que viven en el extranjero. Este es el caso de una profesora alemana que vive en Chile, una de las víctimas en la causa en la que se formalizó este miércoles por estafa a Andrés Riquelme Pallamar, quedando él en prisión preventiva en Santiago I a la espera de los 60 días de investigación.

En el caso –contado a mediados del año pasado por Radio Bío Bío– se acusa a Riquelme de haber utilizado su posición como ex ejecutivo de la empresa Principal Financial Group y representante de Chilean Seller Inversiones para la realización de operaciones presuntamente fraudulentas que aunque en un inicio traían ganancias a quienes participaban, de un día a otro dejaron de funcionar. Las querellas presentadas por estafa reiterada y apropiación indebida ascienden a un perjuicio de $950 millones.

“Valiéndose de su condición de ser un importante ejecutivo –según él decía– de la sociedad de inversiones Principal, se dedicó a captar por medio de cómplices los ahorros de gente común y corriente. No aseguraba grandes rentabilidades, pero ofrecía seriedad, ofrecía proyectos completos, sus inversiones decían financiar al Cuerpo de Bomberos”, relató a Radio Bío Bío Felipe Jiménez Seminario, representante de una de las víctimas.

De acuerdo a lo presentado por el Ministerio Público y los abogados querellantes, los antecedentes dan cuenta de un esquema en que Riquelme obtenía el dinero de los inversionistas (personas naturales o empresas) a través de préstamos que supuestamente iban destinados a financiar órdenes de compra de equipos bomberiles, de los cuáles decía que su empresa –Chilean Seller Inversiones– era el proveedor, generando las operaciones ganancias posteriores.

De acuerdo al relato de las víctimas, los financistas recibían un “paquete” completo de documentos, entre los que se encontraban órdenes de compra falsificadas que supuestamente provenían del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, pagarés firmados por Chillean Seller y avalados por Riquelme, escrituras de reconocimiento de deuda, mandatos de cobro y contratos de cesión de créditos.

Tal como ocurre en los casos de esquemas tipo Ponzi, al principio las operaciones se pagaron con normalidad durante meses o incluso años, asegurando la confianza de los inversores. Pero de acuerdo a las acusaciones, a estos se les estaba pagando utilizando los fondos obtenidos de nuevos inversionistas, y no de las supuestas inversiones.

Pero entre el 4 y el 11 de diciembre de 2023 ocurrió un default masivo en el que varias operaciones dejaron de pagarse simultáneamente, ese habría sido el momento en que los inversionistas se dieron cuenta que estaban bajo una estafa.

De acuerdo a dos de las querellas presentadas, Riquelme habría posteriormente reconocido que las operaciones comerciales no existían y que el dinero había sido utilizado para pagar deudas personales, reafirmando la estafa.

En uno de los casos, a diferencia de las compras a Bomberos como intermediarios, se relata que Riquelme habría aprovechado una relación familiar y su posición como ejecutivo de la Corredora de Seguros Principal para convencer a una mujer de retirar fondos de su administradora y entregárselos a él para que los invirtiera, sin devolver nada posteriormente.

Consultado por Radio Bío Bío, el defensor Rodrigo Castro Villagra indicó: “Andres Riquelme declaró en la investigación, colaborando con el esclarecimiento de los hechos, reconociendo su responsabilidad y en especial precisando la colaboración necesaria de un asesor financiero para ir en definitiva presentaba los negocios a los inversionistas, acumulando un beneficio patrimonial de más de 350 millones de pesos considerado la totalidad de las operaciones”.

Justamente este es uno de los puntos que llama la atención, que en la instancia no se haya formalizado a ninguno de los “captadores” que también fueron nombrados en las distintas querellas, aunque algunos de ellos han alegados que al igual que las víctimas, habrían sido estafados para apoyar en operaciones que no sabían eran fraudulentas.