La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió una notificación formal a la exministra Ángela Vivanco advirtiendo que el Estado de Chile no remitió las observaciones solicitadas dentro del plazo de tres meses, ni tampoco durante la prórroga adicional concedida por el organismo. La comunicación, firmada por la secretaria ejecutiva Tania Reneaum Panszi, fue clara: “El Estado no ha respondido la solicitud de observaciones. En virtud de lo anterior, se ha reiterado al Estado la remisión de las mismas”.
La notificación se da en medio de la disputa que escaló al sistema interamericano después de que la Corte Suprema iniciara, el 10 de octubre de 2024, un procedimiento disciplinario que culminó en poco más de un mes con la destitución de Vivanco como integrante del máximo tribunal. Una decisión adoptada en plena crisis institucional por la serie de aristas derivadas del denominado caso Audios, revelado en noviembre de 2023, donde la incautación de teléfonos, en particular los del abogado Luis Hermosilla, expuso redes de contacto no declaradas entre ministros, abogados y operadores del sistema judicial.
En el caso de Vivanco, la Corte Suprema fundamentó su decisión en una serie de hechos y conductas que, según la sentencia, atentaron contra los principios básicos de la magistratura. El pleno concluyó que la exministra mostró un “interés personal por sobre el jurisdiccional” en múltiples causas, incluidas interferencias en nombramientos de fiscales y conservadores de bienes raíces, y la agilización indebida de fallos fuera del orden procesal esperado. Todo ello, estimaron los ministros, configuró un patrón incompatible con la imparcialidad, independencia y probidad exigidas a su cargo. También se le imputó la presión ejercida sobre relatores para acelerar proyectos de fallo, afectando la integridad del Poder Judicial, según establecieron los supremos.
El fallo además destacó las conversaciones y vínculos entre Vivanco y el abogado Luis Hermosilla en el contexto del caso Audios y, además, los alcances de la relación con abogados vinculados a la trama bielorrusa, conductas que, según los ministros, transgredían el estándar ético de un juez. Para la Corte, estas comunicaciones y otras irregularidades detectadas en causas bajo su responsabilidad comprometieron la transparencia y el decoro institucional, afectaron la imagen del Poder Judicial y justificaron su remoción por sobre el principio de inamovilidad, al haber “dañado gravemente los cimientos del Estado de Derecho”.
Vivanco sostiene lo contrario. Afirma que el proceso disciplinario careció de debido proceso, que no tuvo acceso oportuno a los antecedentes necesarios para responder y que los plazos impuestos no permitieron ejercer una defensa real.
A la espera
Según altas fuentes consultadas por Radio Bío Bío, la ausencia de respuesta estatal no obedece a desinterés, sino a una estrategia de cautela. La posición oficial se mantiene a la espera de lo que resuelva la Corte de Apelaciones de Santiago respecto de la querella de capítulos presentada contra la exministra, y de los avances en la arista penal del caso Muñeca Bielorrusa, donde se indagan presuntas influencias indebidas y filtraciones de información sensible.
Las mismas fuentes explicaron que aún quedan tres meses dentro de la prórroga de cuatro otorgada al Estado chileno para remitir sus observaciones ante la CIDH.
Vivanco en la CIDH
Vivanco llevó el caso al sistema interamericano alegando vulneraciones graves a su derecho al debido proceso, independencia judicial, honra y presunción de inocencia. Sostuvo que su destitución se adoptó sin investigación administrativa concluyente, sin formalización penal y mediante un procedimiento disciplinario “irregular, sumario y carente de garantías”. Añadió que la sanción afectó además su trayectoria académica en la Universidad Católica.
La CIDH ya declaró admisible la denuncia, lo que obliga al Estado a entregar argumentos específicos y los antecedentes completos del proceso interno. Con la prórroga aún vigente, el caso seguirá ventilándose en la instancia internacional.