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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La exgerenta general interina de Puerto Coronel, Michelle Prater, fue formalizada por administración desleal, con medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional. También quedaron con las mismas cautelares Hernán Romero, hermano del diputado Leonidas Romero, quien pagará una caución de tres millones de pesos por un viaje familiar a Brasil.

La exgerenta general interina de Puerto Coronel, Michelle Prater, fue formalizada por administración desleal, quedando con firma mensual y arraigo nacional.

Con esas mismas cautelares quedó Hernán Romero, hermano del diputado Leonidas Romero. El empresario pagará una caución de tres millones de pesos por un viaje familiar a Brasil programado en febrero.

Según los antecedentes entregados en audiencia por la fiscal Glenda Lagos, el fundador de Puerto Coronel, Eduardo Hartwig, el gerente general de la compañía hasta fines de 2021, Javier Anwandter, y el otrora gerente de administración y finanzas, Daniel Chamorro Madariaga “dispusieron del patrimonio” de la citada firma para “generar pagos” en favor del primero, cuyos montos estaban por sobre lo que le correspondía en su calidad de director.

Para ello, se emitieron facturas ideológicamente falsas por servicios no prestados a través de su empresa, la sociedad de inversiones Codegua Ldta, además otros pagos como “supuesta proveedora” del puerto.

Lo anterior, habría generado un perjuicio para la compañía de 626 millones de pesos, de acuerdo a la persecutora.

Michelle Prater, gerente interina de Puerto Coronel hasta octubre de 2023, fue formalizada por administración desleal por “omitir acciones destinadas a impedir los desvíos de los dineros”. Esto, pese al “deber que tenía de salvaguardar el patrimonio” de la firma, señaló la persecutora.

En ese contexto, la fiscal solicitó las cautelares de arraigo nacional y firma mensual para la ejecutiva norteamericana, lo que fue decretado por el juez de Garantía de Coronel.

Con dichas cauetelares también quedaron Javier Anwandter y el empresario Hernán Romero Sáez. Este último es investigado por la creación de un “esquema defraudatorio en perjuicio” de la portuaria, mediante la permuta de bienes con la sociedad inmobiliaria Delsava SA, lo que habría generado un perjuicio a la compañía de más de 482 millones de pesos.

Previo al decreto de arraigo nacional, el abogado defensor de Romero Sáez, Pelayo Vial, señaló que su cliente tiene un viaje familiar a Brasil en febrero próximo y por ello la propuesta del pago de una fianza con la finalidad de levantar esa cautelar.

En ese contexto, el empresario deberá pagar una caución de 3 millones de pesos, lo que se decretó en la citada audiencia.