El presidente de Perú, Pedro Castillo, acusó a la Fiscalía de poner en riesgo la salud de su madre durante el operativo que llevó a cabo en casa de su hermana, en el marco del caso Sarratea, en el que se investiga supuestos delitos de tráfico de influencias y trato de favor en la entrega de obras públicas.
La Fiscalía de Perú allanó este martes las oficinas y residencias de seis congresistas del partido centrista Acción Popular (AP), así como la vivienda de una hermana del presidente Pedro Castillo, como parte de una investigación que realiza de una presunta organización criminal en el Ejecutivo.
El Ministerio Público informó en sus redes sociales que el propósito del allanamiento, en el que participan equipos fiscales junto con agentes de la Policía Nacional, es “recabar información sobre la presunta participación de esos congresistas en el direccionamiento de obras a empresas chinas y peruanas”.
Tras conocerse estos allanamientos, el presidente Castillo señaló en Twitter que la Fiscalía también había ingresado a la casa de su hermana y que en ese lugar se encontraba su madre.
“Este acto abusivo ha afectado su salud. Responsabilizo a la Fiscalía de la Nación por la salud de mi señora madre”, enfatizó.
La Fiscalía ha ingresado a la casa de mi hermana. Mi madre se encuentra ahí. Este acto abusivo ha afectado su salud.
Responsabilizo a la Fiscalía de la Nación por la salud de mi señora madre.— Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) October 11, 2022
La intervención de las autoridades, que motivó un gran despliegue policial, se realizó en oficinas y viviendas de los legisladores en Lima y en localidades del interior del país como Ica, Huancayo, Chimbote, Puno y Loreto.
Los seis congresistas investigados son Elvis Vergara, portavoz legislativo del AP, y sus compañeros de bancada Ilich López, Darwin Espinoza, Jorge Flores, Juan Carlos Mori y Raúl Doroteo.
Estos parlamentarios son llamados “Los Niños” por los medios locales y la oposición política tras una declaración que ofreció en febrero pasado a la Fiscalía la empresaria Karelim López, quien aseguró que coordinan actividades ilícitas al interior del Ejecutivo con Castillo.
“A esos legisladores se les investiga, también, por presuntamente haber puesto a funcionarios claves en el Ejecutivo, a cambio de respaldar con sus votos al Gobierno”, agregó la Fiscalía.
Caso Sarratea
Respecto de la hermana del mandatario, los investigadores irrumpieron en el inmueble situado en la calle Sarratea, en el distrito limeño de Breña (oeste), en el que supuestamente, según las investigaciones, tenían lugar estos encuentros entre el presidente peruano y los suyos.
El Poder Judicial emitió una orden de detención preliminar durante diez días contra otras seis personas que estarían involucradas en este caso de corrupción, entre ellos el dueño de esta casa, Alejandro Sánchez Sánchez, quien no se encontraba en la vivienda durante el registro, y Biberto Castillo, supuesto miembro del ‘gabinete en la sombra’ de Castillo.
La investigación contra Castillo surgió tras un reportaje en la televisión peruana en el que se le acusaba de estar detrás de una trama de corrupción para favorecer a compañías y consorcios de construcción en procesos de obras públicas.
Congresista pide que se sepa “la verdad”
Tras el operativo, que estuvo a cargo de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional, el congresista Vergara aseguró a la emisora RPP que esta acusación es una “patraña”, aunque felicitó al Ministerio Público por buscar “saber la verdad” de este caso.
“De todas maneras, yo creo que todo esfuerzo por saberse la verdad, por aclarar los hechos, a nosotros los congresistas injustamente involucrados nos favorece, porque de esa manera vamos a determinar o demostrar que todo esto es una patraña contra nosotros”, manifestó.
Vergara dijo que López, una gestora de intereses que estuvo muy vinculada con las altas esferas del poder en Perú en los últimos años, los ha acusado “en comparsa, seguramente, con algunas otras personas que solamente están sirviendo de instrumento para esta persecución política”.
Medios locales informaron este lunes que la fiscal general de Perú, Patricia Benavides, dispuso que estos congresistas sean investigados por el delito de organización criminal, como parte de la ampliación de la indagación de una presunta red que supuestamente entregaba licitaciones de obras públicas a cambio de dinero.
Según el documento fiscal, reseñado por el diario El Comercio, los parlamentario presuntamente solicitaron que se entregue contrataciones públicas y se contrate a personas de su confianza en ministerios tras votar en el Congreso en contra del pedido de destitución de Castillo que presentaron bancadas opositoras y a favor de la confianza al gabinete de ministros.
