El tribunal electoral de Nicaragua inhabilitó al principal partido opositor que lidera una alianza contra la reelección del presidente Daniel Ortega. Se trata del partido derechista Ciudadanos por la Libertad.

Esta decisión hace parte de una escalada represiva contra la oposición en el país centroamericano. El Consejo Supremo Electoral anunció en una resolución que ordena “cancelar la personalidad jurídica de Ciudadanos por la Libertad”.

La medida deja al partido fuera de las elecciones generales del 7 de noviembre, en las que Ortega busca obtener un cuarto mandato sucesivo.

La ley prohíbe a los partidos políticos que no están legalizados participar en procesos electorales. El CSE tomó la decisión luego que el también derechista partido Liberal Constitucionalista pidiera anular al CxL.

Según el texto presentado por el PLC, el bloque opositor tiene como presidenta a Carmella Rogers Amburn. Es conocida en el ámbito político como Kitty Monterrey, quien “tiene doble nacionalidad, en notoria violación a la ley”.

El despojo de la legalidad del partido CxL se produjo dos días después que el CSE inhibiera a su candidata a la vicepresidencia. Se trata de la exreina de belleza Berenice Quezada, a causa de polémicas declaraciones que molestaron al oficialismo.

Quezada, de 27 años, era la compañera de fórmula electoral de Óscar Sobalvarro, de 68 años y exjefe de la denominada “contrarrevolución”.

“La democracia no puede ser cancelada”, protestó Sobalvarro en Twitter.

Se conoció que los directivos y miembros de la alianza temen ahora ser detenidos, como parte de la ola de arrestos que vive el país de cara a las elecciones.

Al menos 31 líderes opositores, entre ellos siete aspirantes a la presidencia, han sido detenidos desde junio, en su mayoría por “traición” a la patria.

Entre los presos está Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro.

En tanto el empresario Milton Arcia, renunció a su postulación en protesta por la actuación de su partido, fundado por el expresidente Arnoldo Alemán.

La comunidad internacional condena los hechos

Con la salida de la alianza CxL de las elecciones, Ortega se dispone a conquistar cómodamente su tercera reelección sucesiva frente a cinco partidos derechistas que son tildados de “colaboracionistas” por la oposición.

Estas acciones demuestran “la ilegitimidad de este proceso electoral totalmente amañado por el régimen. No hay garantías mínimas para respetar la voluntad de la ciudadanía”, reclamó el movimiento opositor Unidad Nacional Azul y Blanco.

La comunidad internacional ha condenado los arrestos y acciones judiciales contra los opositores y demandado la realización de elecciones libres.

Este viernes, Estados Unidos congeló las visas a 50 familiares de funcionarios nicaragüenses ligados al gobierno de Ortega.

Más de 30 funcionarios y familiares del mandatario han sido sancionados con restricciones migratorias y financieras. Esto, por Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá en los últimos tres años.

Ortega minimizó las presiones y dijo que situaciones “más difíciles” vivió en Nicaragua. Lo anterior, en alusión al conflicto político-militar que enfrentó con Estados Unidos durante su primer mandato, en los años 80.