Es un caso que tiene a la prensa y a la comunidad internacional activa, informando y reaccionando sobre la condición judicial de una joven que ya tenía su vida cuesta arriba, tras los abusos sexuales que enfrentó desde niña.

Imelda Cortez, nació en Jiquilisco, departamento de Usulután, al oriente de El Salvador. Tiene una discapacidad cognitiva leve. A los 12 años, su padrastro comenzó a abusar sexualmente de ella. El calvario duró 8 años, hasta que la dejó embarazada, incluso en ese periodo no dejó de abusarla.

Una noche de abril de 2017, los fuertes dolores abdominales la hicieron correr a la letrina de su empobrecida casa, a su noveno mes de gestación. Desconocía su embarazo. Sintió un desprendimiento de su vientre y poco después fue llevada por una vecina a un hospital de su ciudad. Entonces, una doctora que la atendió, aseguró que ella había intentado abortar.

Las autoridades la tomaron presa y la acusaron de intento de homicidio agravado. Fueron hasta el domicilio de la joven y encontraron a la niña con vida, aún así se la llevaron detenida y desde entonces, permanece en una cárcel a la espera de ver culminar el juicio en su contra, que ya ha sido pospuesto en al menos 5 ocasiones por razones que el sistema judicial no sabe explicar con claridad. La última vez fue el pasado 12 de noviembre cuando la fiscal del caso no se presentó, aduciendo problemas de salud.

Su caso es ahora objeto de análisis en sitios informativos como elsalvador.com pero la noticia ya se ha extendido a otras partes del mundo, porque en lugar de víctima, ahora es una victimaria para el sistema judicial de ese país centroamericano, donde el aborto es un delito y no está permitido bajo ninguna causal. La Fiscalía General de la República, cree que la joven ocultó su embarazo con el objetivo de abortar.

Informa TVX
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“Justicia para Imelda”

En países como Uruguay, Amnistía Internacional ha elevado la voz de alarma al denunciar a través de su página web, el caso de la joven salvadoreña, quien además de enfrentar una vida de pobreza, abusos, embarazo con violaciones permanentes y una nula atención médico-psicológica en esta etapa, fue acusada desde un hospital y luego desde el sistema judicial.

Su hija permanece en manos de su abuela materna. El padrastro de Imelda, Dolores Henríquez, un hombre de 70 años, guarda prisión por el delito de violación en menor e incapaz y no hay fecha para el inicio del juicio en su contra. Su encarcelamiento ocurrió sólo cuando vino el de su hijastra, porque antes nadie tuvo valor de denunciarlo.

CEJIL
CEJIL

Medios internacionales como CNN en Español y El País de España, han informado de la situación de la joven, cuyo juicio está programado a que inicie el próximo 17 de diciembre.

Desde Costa Rica, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL, además de Change.org, mantienen activas sus campañas para denunciar lo que denominan el abandono del estado salvadoreño a Imelda Cortez, por su arresto sin el debido proceso investigativo, el cual partió únicamente por la denuncia de aborto de una doctora, olvidando sus condiciones de pobreza, falta de educación, violencia física y sexual que ahora la tienen al borde de una condena.