Uruguay comenzó este miércoles la venta recreativa de marihuana en farmacias, la cual es producida y distribuida por el mismo Estado, con el fin de reducir la influencia del narcotráfico y tener un control sobre los consumidores.
El hecho catalogado como histórico, acaparó espacio en casi todo los medios de comunicación del mundo, pues es un paso inédito en la lucha contra el tráfico y el consumo descontrolado de drogas.
De acuerdo al diario El País de Uruguay, durante la primera jornada de comercialización, la marihuana se agotó en las farmacias de Montevideo, mientras que en otras ciudades también registró una alta demanda.
“En este primer día nos imaginamos que iba a ser así, mucha gente que vino y mucha gente que llamó a consultar, rastreando en dónde quedaba todavía”, señaló un vendedor de una farmacia montevideana.
La venta inició a eso de las 08:00 horas locales y desde entonces se podían observar largas filas a las afuera de las farmacias habilitadas para la venta de cannabis, algo que los vendedores habían previsto, tratándose del primer día de comercialización.
De acuerdo a la ley, los compradores podrán hacerse de un máximo de 40 gramos mensuales de cannabis para uso recreativo, a razón de 10 gramos por semana.
El precio de venta al público fijado por el gobierno es de unos 1,30 dólares el gramo.
Pocas farmacias venden
En un comienzo interesadas en convertirse en puntos de venta de la droga, las farmacias fueron desandando ese camino esgrimiendo razones de seguridad primero y de rentabilidad después, por considerar que el registro de usuarios tiene una baja cantidad de potenciales compradores (unos 5.000).
Pero para el sociólogo Martín Collazo, que integra el Monitor Cannabis, un equipo multidisciplinario que investiga sobre la regulación en Uruguay, la afluencia de público en este primer día “muestra que un número relevante de usuarios esperaba con ansiedad este momento para dejar de abastecerse en el mercado negro”.
El equipo estima en unas 160.000 las personas que consumen marihuana en este país de 3,4 millones de habitantes, de las cuales unas 60.000 lo hacen de forma frecuente.
Basado en estudios específicos, Collazo explicó a la AFP que de 20.000 a 30.000 personas más “podrían inscribirse (para comprar la droga en farmacias) si el sistema satisface sus expectativas”.
El gobierno no logró acuerdos con grandes cadenas de distribución, y el número de puntos de venta no alcanza a cubrir todo el territorio.
